Rubén Herrera: preso político por defender el agua, la tierra y el territorio

                                

Quimy De León

Santiago Bastos

Prensa Comunitaria

Rubén Herrera nació en San Pedro Necta, en el seno de una familia trabajadora y honesta. Sus padres, hermanos y hermanas son respetados y apreciados en su municipio porque todos, como profesionales, han aportando al crecimiento de su pueblo. Rubén creció en el campo, entre cafetales, maizales y sones mames; notas que le insuflan vida. Sus paisanos sampedranos lo quieren y respetan, lo reconocen como uno de ellos, así se lo demostraron con el son que le compusieron hace años: Temo Herrera.

Desde esta época hasta hoy día ha sido un defensor de los derechos humanos. Ha promovido negociaciones y facilitado diálogos con las autoridades locales y nacionales para abordar problemas serios de Huehuetenango, como ha sido las concesiones de licencias mineras, exigiendo la realización de Estudios de Impacto Ambiental y el cumplimiento del derecho a la participación pública, tal como lo dice la Ley de Minería.

Como vecino del municipio de Santa Cruz Barillas desde 1990, acompañó los procesos de retorno y reinserción de las comunidades barillenses afectadas por el conflicto armado interno. Participó en varios procesos de fortalecimiento de los COCODES y de otras formas de participación social que fueron abiertas y estimuladas desde la firma de la paz. Apoyó también la constitución de cooperativas de café y cardamomo, la construcción de caminos y de otros proyectos de beneficio comunitario.

Desde el año 2005 ha acompañado diariamente a grupos de jóvenes barillenses a través de capacitaciones sobre agroecología, formación ciudadana, derechos de las mujeres, pintura y música. Así mismo, impulsó la democratización y fortalecimiento del gobierno municipal de Santa Cruz Barillas apoyando a los líderes y lideresas de las microregiones de dicho municipio.

Rubén Herrera ha sido parte del movimiento en defensa del territorio desde el año 2006, cuando se realizaron las primeras cinco consultas comunitarias en Huehuetenango y ha apoyado este movimiento a lo largo de las 28 consultas realizadas en este departamento. Cree y defiende las consultas comunitarias, y en sus argumentos frente a las autoridades, siempre ha exigido la aplicación del Convenio 169 y el respeto a los artículos 64, 65 y 66 del Código Municipal. Nunca ha tenido miedo a decir que tiene el derecho a defender derechos.

Fue fundador del Consejo de Pueblos de Occidente, CPO. Ha caminado, ha luchado, ha hablado, ha defendido el derecho que todas y todos tenemos a vivir en paz, con justicia, con dignidad, en el lugar donde nacimos, disfrutando de los regalos que la Madre Naturaleza nos prodiga y defendiéndola de la agresión neoliberal, militar y racista del Estado guatemalteco. Sus convicciones e ideales sólo han abierto los caminos de Huehuetenango para la búsqueda de libertad y dignidad[1].

    Fotografía: Cecilia Mérida.

La detención injusta 

El día 15 de marzo a las 7 y media de la mañana, fue detenido cuando estaba saliendo de su casa Rubén Herrera, defensor de derechos humanos, miembro de la coordinación de Asamblea de Pueblos de Huehuetenango  por la Defensa del Territorio -ADH-, y del Consejo de Pueblos de Occidente – CPO-.

Fue detenido por dos causas. La primera, emitida en el proceso número 176/2011 girada en el 2009, en donde se le acusa de los delitos de detención ilegal, amenazas e instigación a delinquir. 

“En febrero de 2009 los y las vecinos pararon a unos ingenieros de Hidro Santa Cruz, por ser extraños a la comunidad, para preguntarles qué estaban haciendo en sus tierras, creándose un estado de tensión que fue resuelto allí mismo. Existen evidencias y testigos de que la presencia de Rubén Herrera en esa ocasión fue precisamente para evitar conflictos mayores entre pobladores e ingenieros de esta empresa. Aunque Rubén se presentó dos veces voluntariamente a la citación de los tribunales, nunca fue atendido por excusas del juez. La perversidad mayor ocurrió cuando en la reciente audiencia del 19 de marzo después de su captura, a petición del abogado de Hidro Santa Cruz, el juez Luis Fernando Pérez Zamora aceptó incluir los cargos de plagio y secuestro.”[2]

La otra orden de detención es por el proceso 65/2012 emitida en el Juzgado de Santa Eulalia en abril de 2012, en que acusa a 23 líderes comunitarios de Barillas por la supuesta quema el día 9 de marzo de ese año de una maquinaria rentada que utilizaría la empresa Hidro Santa Cruz, subsidiaria de Ecoener-Hidralia Energía. En este caso es acusado de amenazas, allanamiento, secuestro, terrorismo, detenciones ilegales, coacción, incendio, actividad contra la seguridad interior de la nación, atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública.

El 19 de marzo de 2013, fue escuchado por ambos procesos, por el Juez Luis Fernando Pérez Zamora titular del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Medio Ambiente, de Santa Eulalia, Huehuetenango.

En el caso 65/2012, por el que hay abiertas 23 órdenes de captura, tanto la defensa como el Ministerio Público demostraron que no hay ninguna evidencia que permita demostrar que Rubén Herrera participara en los hechos juzgados; y solicitaron retirar la acusación por falta de mérito. El abogado de Ecoener Hidralia Energía/ Hidro Santa Cruz Victor M. Villatoro solicitó que se le procesara, y que se agregara el delito de plagio o secuestro. Pese a todas las objeciones e impugnaciones presentadas, el juez lo aceptó inmediatamente.

En el caso 176/2011, tampoco había ninguna prueba ni fundamento legal, el juez nuevamente aceptó la solicitud del abogado de Econener Hidralia Energía/ Hidro Santa Cruz de incluir el delito de plagio o secuestro, el Juez Pérez Zamora lo aceptó de inmediato.

Esta actuación nos hace pensar que el juez del juzgado de primera instancia penal, narcotráfico y delitos contra el ambiente de Santa Eulalia en este caso, pueda tener parcialidad a favor de la parte querellante. También se ve la intención claramente punitiva contra alguien a quien se le debe presunción de inocencia, pues el delito de plagio o secuestro, que con tanta insistencia se le añadió, impide que se le puedan otorgar medidas sustitutivas y condena a Rubén Herrera a prisión de forma prematura e injusta. 

Desestabilización y zozobra para la lucha de los pueblos de Barillas

La detención de Rubén Herrera tiene características políticas claras. Por un lado fue manejada mediáticamente por las autoridades y reproducida por los medios corporativos, en el marco de la cada vez más creciente criminalización de la protesta social. Rubén es un luchador y actor social activo desde las organizaciones sociales que acompañan y apoyan las luchas comunitarias, su activismo se desarrolla tanto en el nivel local y el nacional. 

Por ello, fue "sindicado de desestabilizar y manipular a miembros de organizaciones no gubernamentales para que actuaran contra bienes del Estado. ...estaría detrás de actos vandálicos como incendio de instalaciones, maquinaria, retención ilegal y daños a la propiedad privada, en los disturbios que generaron el estado de Sitio en mayo del 2012 en Santa Cruz Barillas".

Además, su detención se da en un contexto en que ha venido en aumento una campaña de terror y criminalización propagandística desde la extrema derecha y las autoridades en contra de organizaciones sociales, cooperación y defensores de derechos humanos.

En esas fechas fueron asesinados varios líderes sociales como Carlos Hernández en Camotán; Exactacion Marcos, secretario y mayordomo del Pueblo Xinka; Gerónimo Sol Alcot, en Santiago Atitlén, y detenidos como German y Santiago Vargas Hernández de San Cristóbal Verapaz, justo la antesala al juicio por Genocidio en contra de Efraín Ríos Montt. Es decir coincide con el recrudecimiento de la represión y la militarización en el país.

Por último, en el momento que es detenido, la lucha en Barillas se encuentra reactivándose después de la represión y terror vividos desde el 1 de mayo, estos son algunos de los hechos

• En enero de 2013 habían salido de la cárcel 11 presos políticos detenidos de forma injusta e ilegal. 
• El movimiento comunitario se había vuelto a fortalecer en contra de la firma del convenio y licencia para la empresa Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz. 
• Hubo dos resoluciones importantes desde organizaciones de derechos Humanos a favor de la lucha de los barillenses: el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Procuraduría de los Derechos Humanos – PDH. 
• Otto Pérez Molina visitó España y reunido con empresarios españoles en el Fórum Europa salió en defensa de la empresa Econener Hidralia Energía y aseguró que "el problema estaba resuelto". Mantuvo un discurso criminalizador, etiquetando a las personas como: “saboteadores”, “grupos ambientalistas minoritarios”, “desinformados”. Acusaciones similares a las que usó en el mes de mayo del 2012, cuando Pérez Molina criminalizaba a la población de Barillas calificándoles de "narcotraficantes", "delincuentes", "provocadores" y del "crimen organizado”. Este es el discurso utilizado para lograr por la fuerza implantar a las empresas que están listas para el saqueo de el oro, la plata, el agua, los minerales, el petróleo, la energía “limpia”, por mencionar algunos.

La persecución política que no cesa

El siete de abril

El día 7 de abril, miles de comunitarios y comunitarias de Santa Cruz Barillas se instalaron pacíficamente en el camino comunitario que conduce a la entrada de las instalaciones en donde la empresa Hidro Santa Cruz pretende continuar realizando trabajos de construcción de la hidroeléctrica Qambalam I, en el área conocida como Poza Verde y ahora renombrada como Nuevo Amanecer. 

Este plantón se realiza en un camino comunitario, construido por las mismas comunidades, no es carretera oficial ni municipal. Sin embargo Sergio Morataya comunicador de la empresa dijo en declaraciones de prensa, que hay ya una denuncia en el Ministerio Público[3]. Hasta la fecha, la Resistencia pacífica se mantiene y va en aumento.

Desde este momento vuelve a haber un aumento de la criminalización y persecución a quienes se mantienen firme en sus convicciones y continúan al frente de esta lucha.

Además de las órdenes de captura vigentes, que son más de 20 en contra de líderes comunitarios, hay ahora más de 4 procesos abiertos en contra de al menos una decena de personas. Han sido construidos, como en los otros casos, desde la mentira y la tergiversación de hechos que la prensa, la empresa y el gobierno utilizan para minimizar las luchas e imponer de una vez por todas esta empresa.

Una característica nueva de estos casos es que quienes denuncian son personas comunitarias, trabajadores de la empresa y la policía, supuestamente agraviadas por la gente de la comunidad, por quienes sostienen una lucha pacífica y ejercen sus derechos.

Estas denuncias se concretan a través de las gestiones del Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y el Juez de Paz en Barillas Anthony Giovanni Pivaral de León, quien ha tenido denuncias ante la La Junta de Disciplina Judicial por dejar hojas firmadas en blanco, que luego fueron utilizadas para girar órdenes de libertad y para ordenar el traslado de reclusos[4].

El Procurador de los Derechos Humanos Jorge De León Duque, emitió una sanción moral a este juez, junto a otros tres, por “Violación de los Derechos Humanos”, ya que cada uno de ellos cometió reiteradas violaciones durante el momento que tuvieron en sus manos la posibilidad de aplicar la justicia con los casos de los 9 líderes de Barillas que fueron detenidos ilegalmente.

El veintitrés de abril 

Según testimonios de la población y de la Radio Santa Cruz, ese día al final de la tarde, pidieron a los trabajadores de la empresa dejar de operar y trabajar, estas han sido peticiones de la oposición comunitaria a la construcción de la hidroeléctrica. Todo esto ocurrió de manera pacífica y fueron estos mismos trabajadores quienes dijeron que “a partir de esta fecha, dejaban de laborar para la misma, por la manera en que varios líderes de la Sociedad civil, les hablaron con respeto y educación al respecto[5].“ Entonces firmaron un acta. 

Sin embargo, los medios de comunicación corporativos nuevamente les acusaron falsamente de cometer actos de violencia, secuestro, por estos hechos también hay ya criminalización y persecución judicial.

El nueve de mayo 

En horas de la mañana personas particulares, aparentemente miembros de la Policía Nacional Civil a bordo de vehículos particulares, detuvieron a dos personas que pertenecen a la Sociedad Civil de Barillas, que han sido parte del grupo que defienden los derechos humanos, el territorio y el agua de Barillas. Son Mynor López y Manuel Molina López, y hubo un tercer detenido, a quienes golpearon fuertemente.

Ante la reacción de la gente, policías antimotines -que habían llegado unos días antes- lanzaron bombas lacrimógenas-. Finalmente en San Mateo Ixtatán la población rescató a las tres personas, a pesar de la actuación similar de otro contingente antimotines que también fue destacado a este municipio.

Cuando ya habían terminado los hechos, en la tarde del 9 de mayo, aparecieron personas encapuchadas que causaron daños a la estación de policía de la Villa de Barillas. Esto es similar a lo ocurrido el 1 de mayo de 2012, cuando a partir de hechos confusos realizados por personas que no son del movimiento comunitario se crea un escenario de provocación que justifica la violencia estatal. En este caso las autoridades anuncian el envío de 300 elementos de la policía.

Desde la Resistencia Pacífica de Nuevo Amanecer fueron contundentes en decir “denunciamos públicamente y condenamos la infiltración de personas ajenas al movimiento que con el interés de profundizar la conflictividad social en Barillas, aprovecharon estos incidentes para provocar actos violentos como los daños a la subestación de la PNC para comprometer a los líderes de la Resistencia pacífica.“

Terror en contra de los pueblos q´anjob´ales 

No podemos dejar de mencionar que el mismo día 7 de abril, en que inicia el plantón y la resistencia pacífica; fue desaparecido el dirigente Q´anjob´al de Santa Eulalia Daniel Pedro. Era conocido en toda la region norte de Huehuetenango como defensor de los derechos de pueblos indígenas y los recursos naturales, abiertamente luchaba en contra de las licencias de explotación de minerales y la criminalización de defensores de los derechos indígenas y había acompañado desde el principio la lucha en el municipio de Barillas. 

Daniel apareció sin vida y con señales de tortura el 17 de abril, fue llevado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala –INACIF- en Huehuetenango para ser identificado. El día 23 de abril dio inicio una caravana en la que se le rindió homenaje en todos los municipios hasta Santa Eulalia, donde fue enterrado el 24 de abril en medio del dolor y la indignación de todo el pueblo.

Todos estos días fueron de tristeza, dolor y angustia para quienes respetaban y querían a Daniel. Está claro que quisieron torturar psicológicamente a todo un pueblo que lo reconocía como dirigente. Sin embargo el efecto fue la unidad y la convicción de que este hecho criminal tuvo que ver con “las empresas Mineras e Hidroeléctricas que están implementando sus proyectos a cualquier costo en la Región." 

Aún se siguen cometiendo injusticias en Barillas, el gobierno sigue desatendiendo las peticiones de todo un pueblo que pide se respete su voluntad, la vida y la libertad de quienes tienen derecho de decidir por su futuro.

[1] Elaborado por Cecilia Mérida, su compañera de vida.
[2] Carta Abierta ¡Libertad para Rubén Herrera! 10 de abril de 2013.
[3] La tensión prevalece en Santa Cruz Barillas. La Hora. 1 de mayo de 2013.
[4] Más de 300 denuncias se han presentado contra jueces este año. La Hora. 27 de junio de 2012
[5] 11 trabajadores de Hidro santa cruz desisten de sus labores de manera voluntaria. Radio Santa Cruz. 23 de abril de 2013. http://www.radiosantacruz.org/2013/04/23/11-trabajadores-de-hidro-santa-cruz-desisten-de-sus-labores-de-manera-voluntaria/