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| Yuri Melini CALAS y Carlos Loarca PLURIJUL/Fotografía Cristina Chiquin. |
Cristina Chiquin
El
día 20 de mayo se cumplen tres años del otorgamiento de las medidas cautelares dadas por la Comisión interamericana de derechos humanos CIDH, que deben proteger la salud y la vida de 18 comunidades
Mayas en San Miguel Ixtahucán y Sipacapa,
municipios de San Marcos.
Estas
medidas fueron otorgadas debido a los efectos provocados por la Mina Marlin (Montana Exploradora de Guatemala S.A.
en sus inicios subsidiaria de Glamis Gold Co. y hoy subsidiaria de Goldcorp,
explota los recursos naturales, especialmente el oro en territorio de San
Miguel Ixtahuacán y Sipacapa en el departamento de San Marcos[1])
que se encuentra desde hace 7 años operando en dicho territorio. Hasta la fecha las medidas cautelares han sido incumplidas.
Yuri
Melini del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala - CALAS y Carlos Loarca de Pluralismo Jurídico - PLURIJUR, en conferencia de prensa
expusieron su preocupación, por el surgimiento de enfermedades
ambientales y crónicas producidas por la contaminación industrial provocada por
la Mina.
Y
se denunció la aparición de enfermedades como hidroarsenicisimo y arsenicosis en la población y en los animales como el ganado, en ambos municipios, estas enfermedades
ambientales son de intoxicación lenta y de larga duración. Se les denomina así, según Carlos Loarca “porque son específicamente en donde están ubicadas explotaciones mineras”
“la enfermedad se llama hidroarsenicismo más conocida como acre, es la que le da a las personas y al ganado. Estas enfermedades han sido identificadas en América, principalmente en Chile y Argentina, Estados Unidos y México y ahora en Guatemala producto de la explotación de la Mina Marlin”
El
4 de diciembre del año 2012, fue presentada ante el ministerio Público una
denuncia penal por los efectos atroces
que está causando la Mina Marlin en la salud y en el ambiente de los dos
municipios. En dicha denuncia fueron presentados 100 casos para su
investigación.
Las
medidas cautelares puestas por la CIIDH están encaminadas a garantizar el
derecho a la salud de las 18 comunidades afectadas, desde agosto del año 2012
se creó una mesa de concertación con el gobierno en donde esté se comprometió a
instalar una planta de tratamiento para el agua contaminada con arsénico.
Hasta el día de hoy no se ha
cumplido con la instalación de dicha planta. Actualmente el gobierno, la
empresa y la municipalidad han llegado a un acuerdo municipal, en
dicho acuerdo no queda claro que la empresa es la responsable de pagar todos
los daños por la contaminación que causan.
A
pesar de que es la empresa quien tendría que pagar, el acuerdo plantea que las
comunidades paguen la gestión del agua. De
esta manera esté convenio estratégico interinstitucional entre el Estado de Guatemala y la empresa, no cumple con las medidas previstas por la
CIDH.
Además de pedir el dinero a las comunidades, se les pidió también materiales y que
sean las mismas comunidades que den la mano de obra para la construcción de los
proyectos de agua.
Según
estudios científicos de la Universidad de Michigan en Estados Unidos, se comprobó que las personas que viven más cerca de la Mina Marlin, tenían mayor concentración
de mercurio, arsénico, cobre y zinc en
la orina.
Dichas
sustancias generan enfermedades diversas que pueden llevar a la muerte y que
afectan gravemente al medio ambiente.
Criminalización
y Persecución
Se
denunció que posterior a las movilizaciones realizadas por la población de
Sipacapa y San Miguel Ixtahucan, y después de la denuncia por el incumplimiento
de las medidas cautelares, se empezó a citar por parte del ministerio público
de San Marcos a varias personas de los
dos municipios, esto demuestra que se quiere iniciar nuevamente con la criminalización.
ENFERMEDADES AMBIENTALES CRONICAS, REGIONALES Y ENDEMICAS POR LA MINA MARLIN A TRES AÑOS DEL INCUMPLIMIENTO SISTEMATICO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES OTORGADAS POR LA CIDH
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