domingo, 19 de mayo de 2013

Montana Exploradora (Mina Marlin) y sus devastadores efectos:

Yuri Melini CALAS  y Carlos Loarca PLURIJUL/Fotografía Cristina Chiquin.

Cristina Chiquin

El día 20 de mayo se cumplen tres años del otorgamiento de las medidas cautelares  dadas por la Comisión interamericana de derechos humanos CIDH, que deben proteger la salud y la vida de 18 comunidades Mayas en San Miguel  Ixtahucán y Sipacapa, municipios de San Marcos. 

Estas medidas fueron otorgadas debido a los efectos provocados por la Mina Marlin (Montana Exploradora de Guatemala S.A. en sus inicios subsidiaria de Glamis Gold Co. y hoy subsidiaria de Goldcorp, explota los recursos naturales, especialmente el oro en territorio de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa en el departamento de San Marcos[1]) que se encuentra desde hace 7 años operando en dicho territorio. Hasta la fecha las medidas cautelares  han sido incumplidas.

Yuri Melini del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala - CALAS y Carlos Loarca de Pluralismo Jurídico - PLURIJUR, en conferencia de prensa expusieron su preocupación, por el surgimiento de enfermedades ambientales y crónicas producidas por la contaminación industrial provocada por la Mina.

Y se denunció la aparición de enfermedades como hidroarsenicisimo y arsenicosis en la población y en los animales como el ganado, en ambos  municipios, estas enfermedades ambientales son de intoxicación lenta y de larga duración. Se les denomina así, según Carlos Loarca “porque son específicamente en donde están ubicadas explotaciones mineras”


“la enfermedad se llama hidroarsenicismo más conocida como acre, es la que le da a las personas y al ganado.  Estas enfermedades han sido  identificadas en América, principalmente en Chile y Argentina, Estados Unidos y México y ahora en Guatemala producto de la explotación de la Mina Marlin”


  
  
El 4 de diciembre del año 2012, fue presentada ante el ministerio Público una denuncia penal por los efectos atroces que está causando la Mina Marlin en la salud y en el ambiente de los dos municipios. En dicha denuncia fueron presentados 100 casos para su investigación. 

Las medidas cautelares puestas por la CIIDH están encaminadas a garantizar el derecho a la salud de las 18 comunidades afectadas, desde agosto del año 2012 se creó una mesa de concertación con el gobierno en donde esté se comprometió a instalar una planta de tratamiento para el agua contaminada con arsénico.

Hasta el día  de hoy no se ha cumplido con la instalación de dicha planta. Actualmente el gobierno, la empresa y la municipalidad han llegado a un acuerdo municipal, en dicho acuerdo no queda claro que la empresa es la responsable de pagar todos los daños por la contaminación que causan. 

A pesar de que es la empresa quien tendría que pagar, el acuerdo plantea que las comunidades paguen la gestión del agua.  De esta manera esté convenio estratégico interinstitucional entre el Estado de Guatemala y la empresa, no cumple con las medidas previstas por la CIDH. 

Además de pedir el dinero a las comunidades, se les pidió también materiales y que sean las mismas comunidades que den la mano de obra para la construcción de los proyectos de agua.  

Según estudios científicos de la Universidad de Michigan en Estados Unidos, se comprobó que las personas que viven más cerca de la Mina Marlin, tenían mayor concentración de mercurio, arsénico, cobre y zinc en la orina.

Dichas sustancias generan enfermedades diversas que pueden llevar a la muerte y que afectan gravemente al medio ambiente. 

Criminalización y Persecución

Se denunció que posterior a las movilizaciones realizadas por la población de Sipacapa y San Miguel Ixtahucan, y después de la denuncia por el incumplimiento de las medidas cautelares, se empezó a citar por parte del ministerio público de San Marcos  a varias personas de los dos municipios, esto demuestra que se quiere iniciar nuevamente con la criminalización.

ENFERMEDADES AMBIENTALES CRONICAS, REGIONALES Y ENDEMICAS POR LA MINA MARLIN A TRES AÑOS DEL INCUMPLIMIENTO SISTEMATICO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES OTORGADAS POR LA CIDH 




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