Libertad para Rubén Herrera
Por Nelton Rivera – Prensa Comunitaria-
La audiencia se realizará en la Torre de Tribunales de la Corte Suprema De Justicia, específicamente en el Juzgado B de Mayor Riesgo de Guatemala.
En
este juzgado se conocerá las causas 65-2012 y la 176-2011, en estas causas el
Ministerio Publico abrió proceso en contra de Rubén Herrera por las denuncias
interpuestas por la empresa Hidro Santa Cruz a raíz de una serie de incidentes
confusos que sirvieron de pretexto para que el juzgado de Santa Eulalia en
Huehuetenango girara orden de
captura en contra de Rubén y otros líderes comunitarios.
Porque la persecución política de
Rubén:
En
el caso 65/2012, por el que hay abiertas 23 órdenes de captura, tanto la
defensa como el Ministerio Público demostraron que no hay ninguna evidencia que
permita demostrar que Rubén Herrera participara en los hechos juzgados; y
solicitaron retirar la acusación por falta de mérito. El abogado de Ecoener
Hidralia Energía/ Hidro Santa Cruz Víctor M. Villatoro solicitó que se le
procesara, y que se agregara el delito de plagio o secuestro. Pese a todas las
objeciones e impugnaciones presentadas, el juez lo aceptó inmediatamente.
En
el caso 176/2011, tampoco había ninguna prueba ni fundamento legal, el juez
nuevamente aceptó la solicitud del abogado de Ecoener Hidralia Energía/ Hidro
Santa Cruz de incluir el delito de plagio o secuestro, el Juez Pérez Zamora lo
aceptó de inmediato.[1]
Desde
el 15 de marzo del año 2013 fue capturado frente a su casa en Huehuetenango por
agentes encubiertos, Cecilia Mérida feminista e investigadora, compañera de Rubén
Herrera leyó el comunicado de prensa elaborado conjuntamente con las
organizaciones.
Desde
su captura se cumplen 75 días de prisión política por la defensa del
territorio, la vida y el agua de los pueblos, por acompañar y ser parte de la
lucha comunitaria de Barillas frente a la amenaza de la construcción de una
serie de hidroeléctricas que la empresa española Ecoener Hidralia Energía –
Hidro Santa Cruz pretende imponer por la fuerza en ese municipio de la zona
norte de Huehuetenango.
"Fue
fundador del Consejo de Pueblos de Occidente, CPO. Ha caminado, ha luchado, ha
hablado, ha defendido el derecho que todas y todos tenemos a vivir en paz, con
justicia, con dignidad, en el lugar donde nacimos, disfrutando de los regalos
que la Madre Naturaleza nos prodiga y defendiéndola de la agresión neoliberal,
militar y racista del Estado guatemalteco. Sus convicciones e ideales sólo han
abierto los caminos de Huehuetenango para la búsqueda de libertad y dignidad."[2]
"Pedimos al Tribunal B de Alto Riesgo que enmiende los injustos procedimientos encausados por el Juez Luis Fernando Pérez Zamora. También exigimos que todos estos vicios judiciales que están ocurriendo en Barillas sean investigados por la Corte Suprema de Justicia, la Supervisión de Tribunales y el Colegio de Abogados para evitar que la defensa y el ejercicio de los derechos ciudadanos sean interpretados como actos criminales."(3)
[1] Quimy De León. Rubén
Herrera: preso político por defender el agua, la tierra y el territorio. Prensa
Comunitaria. 13 de mayo 2013.
[2] Elaborado
por Cecilia Mérida, su compañera de vida.
(3) Comunicado Convergencia Nacional Maya Waqib´ Kej.
(3) Comunicado Convergencia Nacional Maya Waqib´ Kej.
Cecilia Mérida, feminista e investigadora
"Criminal
es la estrategia de Hidro Santa Cruz que quiere imponerse como la máxima
autoridad de Barillas. Esta empresa española ha utilizado métodos sucios como
el auto-sabotaje, ha protegido a sus agentes de seguridad responsables de
provocar el 1 de mayo de 2012 la muerte de Andrés Francisco Miguel y los
atentados contra Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé, simplemente por
oponerse a vender sus tierras. Ha sido la peticionaria directa del Estado de
Sitio que el gobierno implantó en este municipio del 3 al 18 de mayo de 2012."
Natalia Atz, Junta Cargadora Aj Patan Samaj de Waqib´Kej
Carlos Bezares, abogado defensor de los presos políticos de Barillas
Representante de la Resistencia Pacífica de Barillas y de la Sociedad Civil barillense
Gonzalo Fernández coordinador general y representante del Instituto HEGOA de la Universidad del país Vasco
Daniel Pascual, Junta Cargadora Aj Patan Samaj de Waqib´Kej
Carlos Bezares:
El día de Mañana vamos a tener
una audiencia de acusación en contra de Rubén Herrera, y de los otros
implicados Estaban Bernabé, Pascual de Pascual Pedro y Saúl Aurelio Muños,
nosotros creemos que este proceso esperamos sea superado y tratado de la mayor
objetividad posible.
Como recordara la prensa el año
pasado, se intento implantar pruebas dentro del proceso, se vio varios vicios
procesales, tales como el abordaje en un helicóptero como uno de los auxiliares
fiscales del ministerio publico, de esta cuenta el MP decidió que objetivamente
llevaría este caso la fiscalía de DDHH el caso.
Después de lo acontecido en el
caso de Rubén Herrera, que fue procesado sin ningún medio de investigación en
contra, se decidió que el caso fuera trasladado a Mayor Riesgo para que pueda
tener una objetividad procesal y de tal cuenta esperamos que el día de mañana
que el resultado sea positivo para las personas que están siendo perseguidas.
El caso de Barillas fue primero
con el que este gobierno inscribió la persecución contra las comunidades que se
oponen a la industrias extractivas, en una situación muy similar este año se
dio en San Rafael casi en las mismas fechas y casi en las mismas fechas tenemos
un proceso en donde se están procesando a personas no obstante inexistencia de su participación en los hechos
del 29 y 30 de mayo.
Tenemos un atraso procesal con el
irrespeto de las 24 horas constitucionales, tal y como se dio en Barillas,
situación denunciada hace un año cuando los detenidos fueron atendidos 18 días
después, en el caso de San Rafael fueron atendidos 15 días después por el
juzgado de Mayor Riesgo, estamos convencidos de la constante de violación de
los DDHH en los casos de persecución en contra de lideres comunitarios en
oposición a las industrias extractivas.
Hacemos un llamado al aparto de
justicia para no prestarse al juego de estar persiguiendo líderes comunitarios
sin mayores indicios, estamos convencidos que la objetividad deberá imperar, así
como el Estado de Derecho así como el respeto a las diversas leyes del país.
Gonzalo Fernández:
Como comunidad internacional llevamos 3 años colaborando
nivelaciones con movimientos
sociales, feministas, indígenas y campesinos en Guatemala, en diferentes iniciativas de formación,
investigación e incidencia y precisamente en esos ámbitos es que hemos conocido
a Rubén.
Rubén ha participado en el país Vasco en varios seminarios académicos
internacionales y hemos tenido una fuerte relación. Uno de los motivos de
nuestra visita es precisamente mostrarle el apoyo en esta situación y participar
en la audiencia.
Con el caso de Rubén y este análisis que vamos haciendo ya
de varios años no es una cosa puntual, si no que hemos hecho un análisis de
coyuntura sobre Guatemala y vemos dos grandes preocupaciones.
Una primera, estamos constando que hay aun preocupante
espiral en la agudización de la
criminalización de la protesta, es decir que pareciera que toda la protesta
social comunitaria se esta convirtiendo en un acto “terrorista”, cuando
simplemente es un acto democrático natural.
Hemos documentado una serie de casos desde Barillas, el
Polochic, San José del Golfo, Totonicapán y Uspantan, en donde vemos la
creciente violencia institucional y
la creciente violencia corporativa y los lazos entre ambas.
La segunda preocupación que no es algo puntual y que esta
vinculado a un modelo de desarrollo extractivo neoliberal en donde se privan
sobre todo los beneficios de las grandes empresas transnacionales sobre los
derechos de las comunidades, de la población y la ciudadanía.
En ese sentido Hegoa a documentado en todo el mundo pero
espacialmente en toda America Latina cual ha sido el impacto de muchas transnacionales
en America Latina y generalmente suele ser un impacto negativo, que no
beneficia a las comunidades pero si beneficia a las propias empresas y al as
alianzas que estas tenían en cada país.
Vemos vínculos entre criminalización de la protesta y modelo
de desarrollo, y si hacemos un llamado como comunidad internacional, primero
para respetar la objetividad en todos los casos que se están tratando como el
de Rubén y todos los demás, segundo que se respete la democracia, que se entienda a la protesta social
como un elemento sano para la democracia y tercero que este modelo de
desarrollo en el que Guatemala esta implicado seguramente no traerá beneficios
al país y que se debe de pensar realmente que modelo traerá cambios a este país.
Lea el comunicado: ¡Denunciamos la captura ilegal de Rubén Herrera y exigimos su libertad!
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