Bárbara Trentavizi (*)
El gobierno de Otto Pérez Molina sorprendió a todos los sectores
sociales anunciando la posibilidad una moratoria de dos años para las nuevas licencias
de minería en Guatemala. El sector empresarial ya puso el grito al cielo, argumentando
sobre el desarrollo, la inversión extranjera y las que suelen ser sus
justificaciones para el despojo.
De parte de la sociedad civil y de quienes estamos preocupados por
las consecuencias de una inversión extractiva indiscriminada en el país, vemos que
una moratoria no tiene sentido de no anularse todas las concesiones que se
otorgaron abusivamente y de manera errática en los últimos 15 años. Eso
serviría para empezar un dialogo real con los diferentes sectores sociales con
el objetivo de la construcción de un plan nacional a largo plazo que incluya un
modelo de desarrollo negociado y realmente democrático.
Aparentemente el objetivo de la moratoria es tranquilizar los
ánimos de los grupos sociales que están en contra de la explotación minera,
visibilizar y enfocar posibles interlocutores indígenas favorables a la minería
y poner en marcha una ley de minería que permita llevar el país hacia el modelo
extractivo de manera legal y legitima..
No existe gobierno que pueda aguantar una situación de conflicto
social hasta el límite en el que ha llegado el conflicto minero en Guatemala. Desde
que el general Otto Pérez Molina asumió la presidencia, se ha evidenciado su
voluntad política de cumplir con las licencias y concesiones a las
transnacionales para que se puedan llevar
cabo los proyectos mineros y de grandes hidroeléctricas. Se trata de
proyectos que provocan sentimientos de resistencia y organización política,
cuya solución para el gobierno ha sido utilizar la violencia, el estado de
sitio, la masiva presencia del ejército, la criminalización de la protesta
social y de sus líderes.
La venta de recursos naturales del país es un proceso que ha surgido
después de los acuerdos de paz, a
finales de los años 90. En el momento exacto en que la comunidad internacional
distraía la sociedad civil con el tema de la paz y los derechos humanos, los
acuerdos y la reforma del estado etc., se estaba vendiendo el país e
hipotecando el futuro de las generaciones a venir.
No es una casualidad que los Acuerdos de Paz, si bien representan
un entramado esencial en la construcción de una Guatemala democrática, evitaron
el tema de los recursos naturales y en general eludieron el problema
estructural del modelo de estado excluyente, elitista y criollo.
En esos momentos, las organizaciones, ONGs y diferentes grupos
sociales se encontraban dependiendo de la cooperación internacional y
entusiasmados con la idea de una era de democracia y equidad, con inclusión
étnica y social, etiquetas verbales densas de estímulos emocionales y políticos.
Muchos líderes e intelectuales vieron la posibilidad de aumentar su
protagonismo e influencia adhiriendo a las promesas de campañas y se juntaban a
los planes progresistas partidos, logrando en varios casos puestos de poder y
altos niveles institucionales.
Durante este delirio de pacificación, más simbólico que real -considerando
que los índices de violencia social e delincuencial solo aumentaron- las comunidades rurales empezaron a percibir el
alcance real de la famosa firma de la paz y el precio a pagar por la entrada de
Guatemala entre los países modernos, desarrollados del bloque neoliberal. El
precio era la desaparición propia, de sus familias, de sus comunidades, de su modelo
de vida, de su paisaje. No se trataba de un proyecto de desarrollo rural, de
oportunidades que respetara la cultura y la visión existencial de las
comunidades, y permitiera el acceso a la salud, educación, conocimiento,
empoderamiento en el marco de un propio estilo de vida. El multiculturalismo se
reducía a la entrada del bilingüismo mediocre y mal elaborado en las escuelas,
en la identificación de una diferencia cultural que no socavara las bases
estructurales de un modelo elitista y excluyente desde siempre para el pueblo
maya.
Se trataba de una visión que contentara a todos sin poner en duda los
intereses de la élite dominante en su visión de país y de su ideal de
desarrollo. Con la desaparición paulatina del modelo cafetalero exportador,
sumergido por una grave crisis, orientaba las fauces del mercado hacia nuevos
horizontes de lucro y ganancia a través del territorio, las concesiones a
empresas trasnacionales que permiten grandes rendimientos a propietarios,
ministros, vices, ambientalistas vendidos etc.
Se dedican las ex fincas a los monocultivos mas rentables pero con
menos necesidad de mano de obra, o se vuelcan las extensiones de tierra al
ganado, se arrasan hectáreas enteras de selva en nombre de un lucro que
satisfaga las necesidades de una pequeña elite, dedicada a dirigir todos los
instrumentos legales e institucionales del país a la consecución de estos
objetivos.
En este esquema de orientación económica el campesino, con su
pequeña parcela de tierra, su vida, sus tradiciones, sus ideas respecto a la
vida y la muerte, su relación con el sagrado maíz, con los antepasados, con sus
muertos, y toda la amplia gama de valores e ideas que acompañan la vida de
millones de mayas en las áreas rurales de todo el país, no sólo es superfluo,
sino que representa un obstáculo.
Sólo que en Guatemala se dio una situación sui generis, como suele
suceder en este sorprendente país. Su pueblo, su mundo indígena tradicional,
maya, campesino entendió que si no se mueve se le escapa la tierra, que una
nueva forma de genocidio, mas sutil y más letal se va a poner en acto en los
próximos años : la concesión de amplias porciones de territorios a la
explotación minera, hidroeléctrica y de recursos naturales a las empresas
transnacionales que operaran en el país así como en otros países de América
latina, entregando al estado una ínfima parte de sus cuantiosas ganancias, pero
dejando un país vacío, contaminado, sin agua, sin trabajo y con la gente
enferma, la nueva fiebre del oro había aparecido y una nueva amenaza.
Así que los mayas, cada quien en sus pueblos, se dedicaron a
realizar Consultas comunitarias de buena fe, legitimadas por el Convenio 169 de
la OIT , la
declaración de la ONU de Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007, la Constitución de la
República, los Acuerdos de Paz. Aparte de alguna excepción, todas las consultas
fueron realizadas con la participación de las municipalidades y de las
autoridades ancestrales, siguiendo el código. Ya fueran por una amenaza real y
concreta o solo se relalizaran de forma preventiva, las consultas se hicieron en
cada comunidad, en cada rincón, al unísono, expresándose el 99,9 por ciento de
la población, incluso los niños, con un No decidido irrevocable, firme y seguro
a la minería.
En este momento vamos con mas de 90 consultas en siete años, un
numero enorme, grandioso, increíble considerando la falta de participación
política del país, la apatía hacia la res publica de las ares urbanas y la desconfianza, rezago de años de miedo y represión.
Las comunidades rurales se han valido de instrumentos jurídicos
nacionales e internacionales para hacer valer sus derechos, y se han expresado
en una fiesta colectiva para la vida, el agua, las montañas, la madre tierra y
la salida de las empresas transnacionales de sus territorios.
Se trata de un acto de ciudadanía muy claro, una cantidad de
personas enormes que se expresaron y dijeron No a la minería, No a los
megaproyectos, No a las enormes hidroeléctricas y sobre todo No a las
trasnacionales.
Estos actos de participación ciudadana de gran envergadura, fueron
ninguneados por el estado. No se tomó en cuenta su decisión, su voz, su clamor,
el clamor de millones de personas en el país que expresaron su punto de vista
sobre un proyecto que lo que pretende a largo
plazo es la desaparición de las comunidades mayas. El fin de su vida, de sus
tradiciones, de su sabiduría, de su aporte a la humanidad, de su relación con
la madre tierra, con la naturaleza, las montañas, la neblina, los astros, el
mundo cósmico e individual, donde todo tiene un sentido en la medida en que es
compartido, vivido junto en un nosotros que desafía cualquier fría rendición de
cuentas, cualquier proyectos financiero especulativo tendiente a la ganancia
bruta.
Para el campesino maya, el paisaje no es sólo un monte que hay que
destruir para sacarle el oro. Para el campesino maya, para la mujer de maíz, el
monte es vida, es luz, energía, agua, lluvia en las tardes, maíz y olor a
tamales, es el calor del fuego y la tortilla quemada, el fríjol y la cebolla
friendo en la olla. La montaña es compañera del hombre en las madrugadas, es el
silencio que acompaña la ternura de la mujer amamantado dormida al amanecer, es
el sol alegrando sonriente las casitas a la lejanía. La tierra no es sólo un
pedazo de materia que se puede vender al mejor postor para ganar pisto. La
montaña es un organismo viviente, es el espejo de nuestra propia vida y de la
nuestros hijos, nietos, descendientes, ahora y para siempre; las montañas son
sagradas, son lugares de vida. Por esa razón, los lideres comunitarios, las
lideresas, las abuelas y abuelos luchan incansablemente para defenderlas, Y por
esto son reprimidos, encarcelados, asesinados, tildados de terroristas,
delincuentes cuando los delincuentes
siguen libres y contentos.
Esta es la verdadera injusticia de Guatemala: más de ochenta
consultas comunitarias, supuestamente avaladas por Naciones Unidas y otros
inútiles tratados farsa, donde miles de personas se han expresado con un No rotundo
y de acero. No al robo del futuro por empresas sin escrúpulos que no pudiendo lucrar
en sus desarrollados países persiguen el mismo despojo de siempre, el mismo
cruel y frío recorrido de sangre, de la colonización, despojar, robar, saquear,
matar y al final irse con las ganancias.
A este escenario se oponen las comunidades rurales, a esto se oponen los abuelos y las abuelas
mayas y nadie los callará, mientras tengan un hilo de aliento.
Las concesiones mineras otorgadas hasta ahora no son ni legales ni
legitimas. No son legales porque es un derecho de los pueblos indígenas ser
consultados cuando se trata de proyectos que entran en sus territorios, según
tratados internacionales firmados por el estado de Guatemala y no son legitimas
porque son completamente y rotundamente rechazadas por la sociedad civil.
Guatemala necesita urgentemente un proyecto de estado que logre superar
los tremendos rezagos y exclusiones sociales del pasado, en una visión de
desarrollo rural sostenible, compatible culturalmente y donde la diversidad sea
imaginada como una oportunidad y no un obstáculo a aplastar.
(*) Antropóloga
italiana, residente en Guatemala y comprometida con las luchas de los pueblos
indígenas.
