jueves, 25 de julio de 2013

La moratoria, las consultas y el futuro de Guatemala


Bárbara Trentavizi (*)

El gobierno de Otto Pérez Molina sorprendió a todos los sectores sociales anunciando la posibilidad una moratoria de dos años para las nuevas licencias de minería en Guatemala. El sector empresarial ya puso el grito al cielo, argumentando sobre el desarrollo, la inversión extranjera y las que suelen ser sus justificaciones para el despojo.
De parte de la sociedad civil y de quienes estamos preocupados por las consecuencias de una inversión extractiva indiscriminada en el país, vemos que una moratoria no tiene sentido de no anularse todas las concesiones que se otorgaron abusivamente y de manera errática en los últimos 15 años. Eso serviría para empezar un dialogo real con los diferentes sectores sociales con el objetivo de la construcción de un plan nacional a largo plazo que incluya un modelo de desarrollo negociado y realmente democrático.
Aparentemente el objetivo de la moratoria es tranquilizar los ánimos de los grupos sociales que están en contra de la explotación minera, visibilizar y enfocar posibles interlocutores indígenas favorables a la minería y poner en marcha una ley de minería que permita llevar el país hacia el modelo extractivo de manera legal y legitima..
No existe gobierno que pueda aguantar una situación de conflicto social hasta el límite en el que ha llegado el conflicto minero en Guatemala. Desde que el general Otto Pérez Molina asumió la presidencia, se ha evidenciado su voluntad política de cumplir con las licencias y concesiones a las transnacionales para que se puedan llevar  cabo los proyectos mineros y de grandes hidroeléctricas. Se trata de proyectos que provocan sentimientos de resistencia y organización política, cuya solución para el gobierno ha sido utilizar la violencia, el estado de sitio, la masiva presencia del ejército, la criminalización de la protesta social y de sus líderes.
La venta de recursos naturales del país es un proceso que ha surgido después de los acuerdos  de paz, a finales de los años 90. En el momento exacto en que la comunidad internacional distraía la sociedad civil con el tema de la paz y los derechos humanos, los acuerdos y la reforma del estado etc., se estaba vendiendo el país e hipotecando el futuro de las generaciones a venir.
No es una casualidad que los Acuerdos de Paz, si bien representan un entramado esencial en la construcción de una Guatemala democrática, evitaron el tema de los recursos naturales y en general eludieron el problema estructural del modelo de estado excluyente, elitista y criollo.
En esos momentos, las organizaciones, ONGs y diferentes grupos sociales se encontraban dependiendo de la cooperación internacional y entusiasmados con la idea de una era de democracia y equidad, con inclusión étnica y social, etiquetas verbales densas de estímulos emocionales y políticos. Muchos líderes e intelectuales vieron la posibilidad de aumentar su protagonismo e influencia adhiriendo a las promesas de campañas y se juntaban a los planes progresistas partidos, logrando en varios casos puestos de poder y altos niveles institucionales.
Durante este delirio de pacificación, más simbólico que real -considerando que los índices de violencia social e delincuencial solo aumentaron-  las comunidades rurales empezaron a percibir el alcance real de la famosa firma de la paz y el precio a pagar por la entrada de Guatemala entre los países modernos, desarrollados del bloque neoliberal. El precio era la desaparición propia, de sus familias, de sus comunidades, de su modelo de vida, de su paisaje. No se trataba de un proyecto de desarrollo rural, de oportunidades que respetara la cultura y la visión existencial de las comunidades, y permitiera el acceso a la salud, educación, conocimiento, empoderamiento en el marco de un propio estilo de vida. El multiculturalismo se reducía a la entrada del bilingüismo mediocre y mal elaborado en las escuelas, en la identificación de una diferencia cultural que no socavara las bases estructurales de un modelo elitista y excluyente desde siempre para el pueblo maya.
Se trataba de una visión que contentara a todos sin poner en duda los intereses de la élite dominante en su visión de país y de su ideal de desarrollo. Con la desaparición paulatina del modelo cafetalero exportador, sumergido por una grave crisis, orientaba las fauces del mercado hacia nuevos horizontes de lucro y ganancia a través del territorio, las concesiones a empresas trasnacionales que permiten grandes rendimientos a propietarios, ministros, vices, ambientalistas vendidos etc.
Se dedican las ex fincas a los monocultivos mas rentables pero con menos necesidad de mano de obra, o se vuelcan las extensiones de tierra al ganado, se arrasan hectáreas enteras de selva en nombre de un lucro que satisfaga las necesidades de una pequeña elite, dedicada a dirigir todos los instrumentos legales e institucionales del país a la consecución de estos objetivos.
En este esquema de orientación económica el campesino, con su pequeña parcela de tierra, su vida, sus tradiciones, sus ideas respecto a la vida y la muerte, su relación con el sagrado maíz, con los antepasados, con sus muertos, y toda la amplia gama de valores e ideas que acompañan la vida de millones de mayas en las áreas rurales de todo el país, no sólo es superfluo, sino que representa un obstáculo.
Sólo que en Guatemala se dio una situación sui generis, como suele suceder en este sorprendente país. Su pueblo, su mundo indígena tradicional, maya, campesino entendió que si no se mueve se le escapa la tierra, que una nueva forma de genocidio, mas sutil y más letal se va a poner en acto en los próximos años : la concesión de amplias porciones de territorios a la explotación minera, hidroeléctrica y de recursos naturales a las empresas transnacionales que operaran en el país así como en otros países de América latina, entregando al estado una ínfima parte de sus cuantiosas ganancias, pero dejando un país vacío, contaminado, sin agua, sin trabajo y con la gente enferma, la nueva fiebre del oro había aparecido y una nueva amenaza.
Así que los mayas, cada quien en sus pueblos, se dedicaron a realizar Consultas comunitarias de buena fe, legitimadas por el Convenio 169 de la OIT , la declaración de la ONU de Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007, la Constitución de la República, los Acuerdos de Paz. Aparte de alguna excepción, todas las consultas fueron realizadas con la participación de las municipalidades y de las autoridades ancestrales, siguiendo el código. Ya fueran por una amenaza real y concreta o solo se relalizaran de forma preventiva, las consultas se hicieron en cada comunidad, en cada rincón, al unísono, expresándose el 99,9 por ciento de la población, incluso los niños, con un No decidido irrevocable, firme y seguro a la minería.
En este momento vamos con mas de 90 consultas en siete años, un numero enorme, grandioso, increíble considerando la falta de participación política del país, la apatía hacia la res publica de las ares urbanas  y la desconfianza, rezago de años de miedo y represión.
Las comunidades rurales se han valido de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales para hacer valer sus derechos, y se han expresado en una fiesta colectiva para la vida, el agua, las montañas, la madre tierra y la salida de las empresas transnacionales de sus territorios.
Se trata de un acto de ciudadanía muy claro, una cantidad de personas enormes que se expresaron y dijeron No a la minería, No a los megaproyectos, No a las enormes hidroeléctricas y sobre todo No a las trasnacionales.
Estos actos de participación ciudadana de gran envergadura, fueron ninguneados por el estado. No se tomó en cuenta su decisión, su voz, su clamor, el clamor de millones de personas en el país que expresaron su punto de vista sobre un proyecto que lo que pretende  a largo plazo es la desaparición de las comunidades mayas. El fin de su vida, de sus tradiciones, de su sabiduría, de su aporte a la humanidad, de su relación con la madre tierra, con la naturaleza, las montañas, la neblina, los astros, el mundo cósmico e individual, donde todo tiene un sentido en la medida en que es compartido, vivido junto en un nosotros que desafía cualquier fría rendición de cuentas, cualquier proyectos financiero especulativo tendiente a la ganancia bruta.
Para el campesino maya, el paisaje no es sólo un monte que hay que destruir para sacarle el oro. Para el campesino maya, para la mujer de maíz, el monte es vida, es luz, energía, agua, lluvia en las tardes, maíz y olor a tamales, es el calor del fuego y la tortilla quemada, el fríjol y la cebolla friendo en la olla. La montaña es compañera del hombre en las madrugadas, es el silencio que acompaña la ternura de la mujer amamantado dormida al amanecer, es el sol alegrando sonriente las casitas a la lejanía. La tierra no es sólo un pedazo de materia que se puede vender al mejor postor para ganar pisto. La montaña es un organismo viviente, es el espejo de nuestra propia vida y de la nuestros hijos, nietos, descendientes, ahora y para siempre; las montañas son sagradas, son lugares de vida. Por esa razón, los lideres comunitarios, las lideresas, las abuelas y abuelos luchan incansablemente para defenderlas, Y por esto son reprimidos, encarcelados, asesinados, tildados de terroristas, delincuentes  cuando los delincuentes siguen libres y contentos.
Esta es la verdadera injusticia de Guatemala: más de ochenta consultas comunitarias, supuestamente avaladas por Naciones Unidas y otros inútiles tratados farsa, donde miles de personas se han expresado con un No rotundo y de acero. No al robo del futuro por empresas sin escrúpulos que no pudiendo lucrar en sus desarrollados países persiguen el mismo despojo de siempre, el mismo cruel y frío recorrido de sangre, de la colonización, despojar, robar, saquear, matar y al final irse con las ganancias.
A este escenario se oponen las comunidades  rurales, a esto se oponen los abuelos y las abuelas mayas y nadie los callará, mientras tengan un hilo de aliento.
Las concesiones mineras otorgadas hasta ahora no son ni legales ni legitimas. No son legales porque es un derecho de los pueblos indígenas ser consultados cuando se trata de proyectos que entran en sus territorios, según tratados internacionales firmados por el estado de Guatemala y no son legitimas porque son completamente y rotundamente rechazadas por la sociedad civil.
Guatemala necesita urgentemente un proyecto de estado que logre superar los tremendos rezagos y exclusiones sociales del pasado, en una visión de desarrollo rural sostenible, compatible culturalmente y donde la diversidad sea imaginada como una oportunidad y no un obstáculo a aplastar.
(*) Antropóloga italiana, residente en Guatemala y comprometida con las luchas de los pueblos indígenas.

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