Por Nelton Rivera - desInformemonos.org – Prensa Comunitaria.
La intención prepotente de instalar y construir la mayor
planta de producción de cemento del país
desde el año 2003 hasta la fecha generan una profunda conflictividad
social, provocada por la empresa y el Estado frente al rechazo y organización
de las doce comunidades Kaqchikeles.
La militarización, criminalización, grupos paramilitares,
rompimiento del tejido comunitario, desplazamiento de población, sumados a la construcción
de esta planta cementera y de una
carretera “Anillo Regional” en San Juan Sacatepéquez son los mayores riesgos y
amenazas que sufren cotidianamente las comunidades.[1]
El Estado de Guatemala implementa la militarización del
territorio de San Juan Sacatepéquez como la única respuesta para garantizar los
intereses económicos de la empresa. Buscando la desarticulación de la oposición
y resistencia pacifica a la misma, la encarcelación de los principales lideres
y lideresas comunitarias, dejando libre el camino para el funcionamiento de la
empresa.
Frente a la militarización comunitaria y despojo de los
bienes naturales las doce comunidades Kaqchikeles se encuentran en resistencia
pacifica, además de la movilización permanente las comunidades trabajan
arduamente por consolidar su propio modelo de desarrollo, mismo que pasa por la
defensa del agua, la vida y el territorio.[2]
Ubicación de San Juan Sacatepequez
San Juan Sacatepéquez es uno de los 17 municipios que
forman parte del departamento de Guatemala, esta ubicado en la región
occidental del departamento y su población es mayoritariamente indígena, de
ascendencia maya Kaqchikel. En este
territorio el pueblo Kaqchikel esta fuertemente organizado en doce comunidades,
cada una de estas comunidades cuenta con sus propias autoridades comunitarias,
alcaldes auxiliares y comités.
A San Juan Sacatepéquez se le conoce como el municipio de
“Las Flores”, en su territorio el pueblo Kaqchikel es uno de los mayores
productores de flores, abastecen el mercado nacional y tienen una fuerte
producción internacional. Además otra de las actividades económicas son los
telares, la producción de muebles trabajados en madera y la agricultura.
La llegada de
Cementos Progreso S.A.
En el año
2003 la empresa presentó ante el
Ministerio de Energía y Minas –MEM- una solicitud para exploración en los
municipios de San Juan Sacatepéquez, San Raymundo y San Martín Jilotepéque. El
permiso (LEXR-820) se otorgó el 4 de agosto de 2005 y el 3 de abril de 2006
Cementos Progreso solicitó la licencia de la explotación que a partir de ese
momento se llama “San José Micensa” en la finca San José Ocaña, de San Juan
Sacatepéquez.[3] Los planes eran
que se convirtiera en su planta de producción más grande, produciendo 2.1
millones de toneladas de cemento al año, esperando extraer materia prima
aproximadamente por un periodo de cerca de cien años “para atender
eficientemente el mercado nacional y regional y que su inversión superaría los
U$200 millones”.[4]
La Familia Novella
Para Luis Solano la familia Novella tiene estrechos lazos
con la familia Widmann a partir de sus coincidencias y financiamiento dentro
del Opus Dei de la Iglesia Católica, siendo los Novella una de las principales
financista de su fundación. Además de su trayectoria y participacion anti
comunista y contra revolucionaria.[5] Esta relación familiar y empresarial los
vincula directamente con la conflictividad generada contra comunidades maya Q’eqchís del Valle del
Polochic desalojadas violentamente por los Widmann y la familia Pellas Chamorro
(Nicaragua) en el año 2010 para garantizar el funcionamiento del Ingenio Chabil
Utzaj.
El matrimonio que se
gestó en 1954 entre Maegli Müeller y
María Marta Julia Novella Wyld, amplió el poder económico y
político de ambas familias. En 1996,
obtendrán la presidencia de Cementos Progreso, núcleo de la riqueza del Grupo Novella.[6]
Además son una de las familias que provienen de la oligarquía criolla.[7]
Desde 1901 se dedican a esta actividad industrial, primero en La Finca Pedrera
– en el norte de la ciudad capital, actual zona 6- y después en Sanarate
-actual departamento de El Progreso-. Ante la dificultad de mantener el virtual
monopolio que había durado un siglo, se abrió a las tendencias de la
transacionalización y en el año 2003 vendió el 20% de su capital a la suiza
Holcim, la mayor cementera del mundo. [8]
La Consulta
Comunitaria [9]
Ante estas intenciones de Cementos Progreso, las
autoridades comunitarias de las comunidades empezaron a buscar información
sobre los efectos que la instalación de una planta cementera podría ocasionar
en sus vidas, De las reuniones fue surgiendo la idea de organizar una consulta
comunitaria, como ya se habían hecho otras en el país. Los representantes
comunitarios solicitaron a la Municipalidad que se realizara una consulta, y
ésta -en una actitud ambigua- aceptó que se realizara, pero en una fecha
demasiado cercana como para que saliera bien: el 15 de abril de 2007.
Buscando información sobre impactos ambientales y cómo
hacer la consulta, las autoridades comunitarias se encaminaron a la
organización medioambiental Madre Selva, donde les dijeron que tenían que
retrasarla, pues no había tiempo para hacer todo el trabajo previo necesario.
La Municipalidad primero aceptó retrasarla al 13 de mayo, pero en una sesión
cerrada realizada el 27 de abril, el Consejo Municipal acordó revocar la
consulta.[10]
Ante esta resolución, los vecinos de las 12 comunidades decidieron hacerla
ellos solos, por sus medios.
“Y entonces ahí es donde
nos dimos cuenta que también la Corporación están totalmente ya comprados por
la empresa. Pero con la buena voluntad de las comunidades dijeron: ‘no, tenemos
que hacerlo, tenemos que hacerlo porque estamos en base de ley, no podemos
violar una ley porque se programó’”.[11]
Los vecinos organizados consiguieron el apoyo de la
Asociación de Abogados Mayas, la Universidad de San Carlos y la Procuraduría de
los Derechos Humanos –PDH-, y el 13 de mayo, como estaba programado, se realizó
la consulta comunitaria de buena fe en las 12 comunidades que se estaban
organizando en contra de la empresa cementera. En la consulta participaron
8,940 personas, de las cuales 8,936 votaron en contra de la construcción de la
cementera y 4 personas votaron a favor de su instalación. El 30 de mayo una
marcha llevó el memorial con los resultados a la Municipalidad de San Juan
Sacatepéquez. Más tarde con apoyo de la CONIC se entregaron a la Procuraduría
de Derechos Humanos, el Congreso de la República y el Ministerio de Energía y
Minas.
La empresa no hizo ningún caso ni se dio por enterada de
la actividad. Recientemente había conseguido un estudio de impacto ambiental
favorable de parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (resolución
ECM/KC 185-2007-ECMK), y que el Ministerio de Energía y Minas le otorgara la
licencia del derecho minero “San José Mincesa”, con base en la resolución
número 00805 de fecha 17 de abril de 2007.[11]
30 de junio gran Movilización contra la
militarización
En el marco del día nacional e internacional contra la
desaparición forzada en Guatemala, el 30 de junio del 2012, las doce
comunidades realizaron una de las mas grandes movilizaciones que se han
presenciado en el territorio de San Juan Sacatepequez. Más de 18 mil personas
del pueblo Kaqchikel, organizaciones campesinas e indígenas y organizaciones
populares se sumaron el 30 de junio hace un año para demandar al Estado y Municipalidad el retiro inmediato de la
Brigada Militar, el pleno respeto de la Consulta Comunitaria de Buena Fe y la
cancelación de la licencia de exploración y explotacion minera de la empresa
Cementos Progreso.
Durante esta jornada de movilización el alcalde Gustavo
Bracamonte acompañado por el Consejo Municipal ante la presencia de las autoridades
comunitarias aceptaron respaldar sus demandas y firmaron un acuerdo para que el día 02 de julio el Consejo Municipal en pleno
elaborara un Acuerdo Municipal para solicitar el retiro inmediato de la Brigada
militar “Héctor Alejandro Gramajo”. Gustavo Bracamonte se comprometió con las
comunidades de San Juan Sacatepéquez de entregar el documento oficial el día 06
de Junio en una nueva reunión en la municipalidad.
Ante la presencia de las autoridades comunitarias concejales de la municipalidad excusaron la inasistencia del alcalde municipal
alegando que se encontraba en la ciudad capital participando de una reunión en
la casa presidencial, pero que en esa reunión él personalmente haría entrega de
dicha solicitud al presidente.[12]
Exactamente un año después, 30 de junio 2013, las
demandas y exigencia de las doce comunidades Kaqchikeles continúan sin ser
atendidas y resueltas, en una clara violación de los derechos colectivos de los
pueblos originarios.
Por otro lado la presión de la empresa Cementos Progreso
sobre el gobierno central, la municipalidad de San Juan Sacatepéquez y grupos
patrocinados por la empresa afines a Cementos Progreso que continúan haciendo
mas profunda la conflictividad, agresiones contra lideres y lideresas
comunitarias y violaciones de derechos
humanos.
[1] Prensa Comunitaria. Rivera Nelton. Anillo
regional aumenta la conflictividad en San Juan Sacatepéquez. Guatemala 25 de
mayo 2013.
[2] Prensa Comunitaria. "Sembrar
un árbol para cosechar Vida" Doce Comunidades Kaqchikeles. Guatemala 8 de
junio 2013.
[3] Mario
Celada Villatoro. Criminalización, control social y represión de las comunidades
en resistencia
De San Juan Sacatepéquez, Guatemala y su lucha contra la
cementera, 2006 – 2010-.
[4] El Periódico. Sección Estrategia y Negocios. Guatemala 25
de enero de 2005.
[5] El
Enfoque. Solano Luis. Valle del Polochic: el poder de dos familias. 9
de mayo 2011.
[6] Ibidem.
[7] Casaús
Arzú, Marta Elena. Guatemala: Linaje y racismo. Guatemala: F&G Editores,
noviembre de 2010, 4ta. Edición.
[8] Mario Celada Villatoro. Criminalización, control social y
represión de las comunidades en resistencia de San Juan Sacatepéquez, Guatemala y su lucha contra la
cementera, 2006 – 2010-.
[9] Análisis sobre San Juan Sacatepéquez. Equipo de análisis e información “La Movilización Comunitaria”. Santiago Bastos, Quimy De León, Dania Rodríguez. Guatemala 2013.
[10] Mario Celada Villatoro. Criminalización, control social y represión de las comunidades en resistencia
[9] Análisis sobre San Juan Sacatepéquez. Equipo de análisis e información “La Movilización Comunitaria”. Santiago Bastos, Quimy De León, Dania Rodríguez. Guatemala 2013.
[10] Mario Celada Villatoro. Criminalización, control social y represión de las comunidades en resistencia
De San Juan Sacatepéquez, Guatemala y su lucha contra la
cementera, 2006 – 2010-.
[11] Entrevista a vocero
y lider
comunitario, Doce Comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez.
2012.
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