En el año 2003 la empresa Cementos Progreso Sociedad Anónima inicio el
proceso de instalación de una planta procesadora de Cemento en el territorio de
San Juan Sacatepéquez, esta inversión representaría el proyecto de construcción de la planta mas grande del pais
para el monopolio del cemento. La familia Novella propietaria de esta empresa, acostumbrada a financiar
partidos políticos y colocar presidentes no tomo en cuenta que la instalación
de su planta cementera encontraria la resistencia organizada de las Doce
Comunidades Kaqchijeles en ese territorio.
Las comunidades organizadas realizaron en el año 2007 la Consulta
Comunitaria de Buena Fe utilizando el Convenio 169 de la OIT, derechos constitucionales
y el Código Municipal para realizar la consulta. Esta consulta tuvo como resultado el rechazo
masivo de las comunidades frente al proyecto de exploración y explotación
minera, por lo tanto el rechazo a la instalación de Cementos Progreso S.A. en
este territorio.
Para el año 2011, la desesperación de los principales accionistas de Cementos
Progreso S.A. alcanzo su nivel más alto, fue durante el gobierno de Alvaro
Colom que se lanzo una de las campañas represivas más organizadas contra las
comunidades. El gobierno puso a disposición de la empresa todo el engranaje de
seguridad de Estado para establecer condiciones por la fuerza para el avence
del funcionamiento de la empresa.
A partir del establecimiento del Estado de Excepción en San Juan Sacatepéquez en el mes de junio del 2008, la empresa implemento una nueva estrategia: colocar a una asociación de vecinos dentro de las comunidades que responden a los intereses de esta. Crearon incluso una camara de empresarios mayas que se integraría dentro del CACIF, misma que se suma a las acciones pro empresas de otros sectores como la Convergencia Indígena Kab' awil.
Que sucede en las comunidades:
A partir del establecimiento del Estado de Excepción en San Juan Sacatepéquez en el mes de junio del 2008, la empresa implemento una nueva estrategia: colocar a una asociación de vecinos dentro de las comunidades que responden a los intereses de esta. Crearon incluso una camara de empresarios mayas que se integraría dentro del CACIF, misma que se suma a las acciones pro empresas de otros sectores como la Convergencia Indígena Kab'
Que sucede en las comunidades:
En el año 2013, la conflictividad provocada 10 años atras por la familia
Novella y Cementos Progreso continua profundizandose, no solamente es la
construccion de la planta de cemento, la extraccion minera, la utilizacion
indiscriminada de los principales caudales y nacimientos de agua, la persecusion
penal de lideres y lideresas, la condena y captura de lideres acusados de
terrorismo con condenas de más de 150 años.
Ahora se suma la construcción de una obra de infraestructura que romperia
de realizarse la integridad del territorio de San Juan Sacatepequez, la
construccion del Anillo Regional con financiamiento casi exclusivo de la
empresa y para fines mas que obvios de ellos mismos.
A un año de la creación de la 2ª. Brigada Militar instalada en San Juan
Sacatepéquez, inaugurada por Otto Pérez Molina, precisamente el 30 de junio
pasado cuando más de 15 mil personas se movilizaron para rechazar la
militarización de las comunidades.
A inicios del 2013 la empresa promovió la construcción de un pozo a traves de un COCODE ilegitimo, este pozo genero un nuevo problema en la comunidad de Las Trojes, la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez simplemente se dedica a realizar la obra bajo serios señalamiento de las anomalías en la adjudicación de los fondos y frente a la negativa de la comunidad, cuando hay prioridades que la Municipalidad evade resolver porque no son prioridad de la empresa.
A inicios del 2013 la empresa promovió la construcción de un pozo a traves de un COCODE ilegitimo, este pozo genero un nuevo problema en la comunidad de Las Trojes, la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez simplemente se dedica a realizar la obra bajo serios señalamiento de las anomalías en la adjudicación de los fondos y frente a la negativa de la comunidad, cuando hay prioridades que la Municipalidad evade resolver porque no son prioridad de la empresa.
Las Doce Comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez vuelven a elevar
la denuncia de la continuidad de las agresiones, amenazas y riesgos que este pueblo esta pasando cotidianamente y la
insistencia de la empresa por instalarse.
"Nuestra lucha incansable por defender nuestra tierra y nuestro territorio frente a
la instalación de un proyecto minero y cementero el cual hemos rechazado en ejercicio al
derecho a la consulta comunitaria, seguimos siendo víctimas de violaciones a nuestros
derechos humanos, discriminación y un profundo racismo estatal."
"A un año de haberse instalado Segunda Base Militar Alejandro Gramajo por parte del
Gobierno de Otto Perez Molina, como parte de su estrategia de control social, las tropas
militares siguen ingresando de día y en altas horas de la noche a nuestro territorio
intimidándonos y tratando de coaccionarnos, circunstancias que hemos denunciado
mediante exhibiciones personales sin resultado alguno."
"Aclaramos que en nuestras Comunidades no tenemos problemas de narcotráfico ni
crimen organizado, por lo que no existe ninguna justificación para tener una base militar
en nuestro territorio, sin embargo comprendemos que la única razón de su presencia es
atender las necesidades y proteger los intereses de la empresa minera."
"Frente a todos estos atropellos, han sido múltiples las peticiones de consulta que hemos
solicitado a fin de poder exponer nuestra visión de lo que es el Buen Vivir de nuestro
Pueblo, sin embargo, nunca hemos sido atendidos."
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