lunes, 1 de julio de 2013

La realidad de un pueblo no la define una empresa

Por Redacción -Prensa Comunitaria. 
 
Historial de agresiones de la empresa:



En el año 2003 la empresa Cementos Progreso Sociedad Anónima inicio el proceso de instalación de una planta procesadora de Cemento en el territorio de San Juan Sacatepéquez, esta inversión representaría  el proyecto de  construcción de la planta mas grande del pais para el monopolio del cemento. La familia Novella propietaria de esta empresa, acostumbrada a financiar partidos políticos y colocar presidentes no tomo en cuenta que la instalación de su planta cementera encontraria la resistencia organizada de las Doce Comunidades Kaqchijeles en ese territorio. 

Las comunidades organizadas realizaron en el año 2007 la Consulta Comunitaria de Buena Fe utilizando el Convenio 169 de la OIT, derechos constitucionales y el Código Municipal para realizar la consulta.  Esta consulta tuvo como resultado el rechazo masivo de las comunidades frente al proyecto de exploración y explotación minera, por lo tanto el rechazo a la instalación de Cementos Progreso S.A. en este territorio. 

Para el año 2011, la desesperación de los principales accionistas de Cementos Progreso S.A. alcanzo su nivel más alto, fue durante el gobierno de Alvaro Colom que se lanzo una de las campañas represivas más organizadas contra las comunidades. El gobierno puso a disposición de la empresa todo el engranaje de seguridad de Estado para establecer condiciones por la fuerza para el avence del funcionamiento de la empresa. 

 A partir del establecimiento del Estado de Excepción en San Juan Sacatepéquez en el mes de junio del 2008, la empresa implemento una nueva estrategia: colocar a una asociación de vecinos dentro de las comunidades que responden  a los intereses de esta. Crearon incluso una camara de empresarios mayas que se integraría dentro del CACIF, misma que se suma a las acciones pro empresas  de otros sectores como la Convergencia Indígena Kab'awil.

Que sucede en las comunidades:

En el año 2013, la conflictividad provocada 10 años atras por la familia Novella y Cementos Progreso continua profundizandose, no solamente es la construccion de la planta de cemento, la extraccion minera, la utilizacion indiscriminada de los principales caudales y nacimientos de agua, la persecusion penal de lideres y lideresas, la condena y captura de lideres acusados de terrorismo con condenas de más de 150 años. 

Ahora se suma la construcción de una obra de infraestructura que romperia de realizarse la integridad del territorio de San Juan Sacatepequez, la construccion del Anillo Regional con financiamiento casi exclusivo de la empresa y para fines mas que obvios de ellos mismos. 

A un año de la creación de la 2ª. Brigada Militar instalada en San Juan Sacatepéquez, inaugurada por Otto Pérez Molina, precisamente el 30 de junio pasado cuando más de 15 mil personas se movilizaron para rechazar la militarización de las comunidades.  

A inicios del 2013 la empresa promovió la construcción de un pozo a traves de un COCODE ilegitimo, este pozo genero un nuevo problema en la comunidad de Las Trojes, la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez simplemente se dedica a realizar la obra bajo serios señalamiento de las anomalías en la adjudicación de los fondos y frente a la negativa de la comunidad, cuando hay prioridades que la Municipalidad evade resolver  porque no son prioridad de la empresa.

Las Doce Comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez vuelven a elevar la denuncia de la continuidad de las agresiones, amenazas y riesgos que este  pueblo esta pasando cotidianamente y la insistencia de la empresa por instalarse. 

Conferencia de prensa realizada el viernes 28 de junio 2013 en la ciudad capital:

"Nuestra lucha incansable por defender nuestra tierra y nuestro territorio frente a la instalación de un proyecto minero y cementero el cual hemos rechazado en ejercicio al derecho a la consulta comunitaria, seguimos siendo víctimas de violaciones a nuestros derechos humanos, discriminación y un profundo racismo estatal."

"A un año de haberse instalado Segunda Base Militar Alejandro Gramajo por parte del Gobierno de Otto Perez Molina, como parte de su estrategia de control social, las tropas militares siguen ingresando de día y en altas horas de la noche a nuestro territorio intimidándonos y tratando de coaccionarnos, circunstancias que hemos denunciado mediante exhibiciones personales sin resultado alguno."

"Aclaramos que en nuestras Comunidades no tenemos problemas de narcotráfico ni crimen organizado, por lo que no existe ninguna justificación para tener una base militar en nuestro territorio, sin embargo comprendemos que la única razón de su presencia es atender las necesidades y proteger los intereses de la empresa minera."

"Frente a todos estos atropellos, han sido múltiples las peticiones de consulta que hemos solicitado a fin de poder exponer nuestra visión de lo que es el Buen Vivir de nuestro Pueblo, sin embargo, nunca hemos sido atendidos."

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