JESÚS GONZÁLEZ PAZOS | MUGARIK GABE
Recientemente se celebró en Neuquén, territorio mapuche en Argentina, un encuentro internacional sobre estrategias indígenas para la defensa de sus derechos. Al mismo acudían organizaciones de diferentes países del continente americano a fin de compartir problemas y avances en sus respectivas luchas, así como dialogar sobre las posibilidades de fortalecer la coordinación. Esto último, desde la constatación de la coincidencia de las violaciones de derechos que sufren, especialmente las referidas a sus territorios y a la entrada en los mismos de las transnacionales extractivas, con el beneplácito de los respectivos gobiernos.
Un cartel que presidió una de las primeras sesiones de este encuentro tenía como título el de este mismo texto, salvo por el tiempo verbal: «Vidas indígenas, se las llevó el modelo». Mostraba fotografías de las personas indígenas muertas en estos últimos cuatro años en Argentina como resultado de la represión policial y otros ataques similares contra estos pueblos. Continuaba el escrito del cartel señalando además que se podría hablar de miles de «hermanos y hermanas» que hoy todavía mueren por enfermedades como la pobreza impuesta a muchas comunidades, la malaria o la tuberculosis. Pero también de los miles, no contabilizados por ninguna estadística oficial, que mueren a causa del glifosato con el que se fumiga los inmensos campos de soja en que países como Paraguay o la propia Argentina convierten miles de hectáreas de territorios indígenas tras favorecer la expulsión de sus habitantes originarios o, simplemente, arrinconarlos en mínimos espacios que acotan sus posibilidades de sobrevivencia. Mismo caso y situación creada para otras miles de muertes y personas enfermas por el cianuro de la megaminería o los metales pesados derivados de la explotación descontrolada de los hidrocarburos y que, en ambos casos, contaminan de forma intensa las tierras y las aguas.
Ahí está el caso de la empresa Chevron-Texaco que ha sido condenada por los tribunales a pagar una indemnización multimillonaria a los pueblos cofán, siona y criollo (más de 30.000 personas) de la Amazonía ecuatoriana por la criminal contaminación allí dejada tras años de explotación hidrocarburífera. Por supuesto, esta transnacional petrolera se niega a pagar y busca todos los subterfugios posibles, con la cobertura de muchas leyes internacionales favorables a este tipo de empresas, así como sus presiones políticas, para no responder a sus responsabilidades. Por cierto, hoy está negociando su entrada en Argentina y, entre otros, en los territorios mapuches que dejó Repsol y en los que las denuncias y exigencia de responsabilidades por parte de este pueblo también fueron continuas.
Y a todas esas muertes reales se le suman aquellas otras derivadas de las actuaciones de la fuerza pública, ya sean policías, ejércitos o grupos armados, en la gran mayoría de los casos para la defensa de los intereses económicos de las transnacionales o empresarios y terratenientes locales. Y esta situación se da de forma cada día más evidente y abierta, aunque invisibilizada en la mayoría de los casos por los grandes medios de comunicación, ya hablemos nuevamente de Argentina o de otros países como Colombia o Guatemala.
En suma, casos que vuelven a poner sobre la mesa la existencia continuada, reiterada y cada vez más agresiva de una constante violación de los derechos individuales y colectivos que a estos pueblos corresponden, en simple y justa igualdad con el resto de pueblos del planeta. Pero los intereses y búsqueda obsesiva y desenfrenada de beneficios económicos por parte de estos sectores, que caracterizan al modelo dominante neoliberal, no entienden de verdaderos derechos humanos. La única salvedad se opera cuando hablar de estos les reporta una posible mejor situación (un ejemplo es el debate abierto en Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, copado y controlado por estos agentes económicos) en esa loca carrera por la explotación sin control de los recursos naturales (también de los humanos) y, como ya se ha indicado, la obtención de enormes beneficios económicos. Con este último objetivo se imponen continuamente medidas políticas y económicas, además de comerciales, que dejan de lado los derechos humanos de hombres, mujeres y pueblos.
Sin embargo y a pesar de toda esta situación, y de la cierta desaparición del discurso oficial de las agendas locales y/o internacionales de estos derechos (la crisis descubre hipocresías y evidencia lo vacío de muchos discursos antes abundantes y hoy demostrados como meramente retóricos en esta cuestión), los avances y resultados de la lucha indígena son evidentes e inocultables. Así, se puede afirmar que el paso que supone haber posicionado la situación de los pueblos indígenas en la agenda pública es un paso firmemente dado, importante e incluso ya sobrepasado en algunos aspectos, aunque resta todavía por caminar en esta dirección. En algunos casos para bien, como son los avances en los reconocimientos legales de esos derechos; en muchos otros casos, y como ya hemos visto, para mal, por la continua violación de los mismos. Pero, de una u otra forma, es un debate posicionado en las agendas políticas.
Pero por lo expuesto anteriormente al mismo tiempo se puede afirmar que falta alcanzar, entre otros, ese mismo posicio- namiento también y de manera evidente en las agendas de la justicia, para que esta responda de forma verdadera a los derechos de los pueblos indígenas. Lo anterior, tal y como se reconoce en tratados y convenios internacionales, así como en muchas constituciones y sus consiguientes desarrollos legislativos y jurídicos. Es evidente, pero hay que volver a denunciarlo para subrayarlo. Muchas de las actuaciones de la justicia, incluyendo el incumplimiento flagrante de un número amplio de sentencias, acuerdos o jurisprudencias, responden igualmente a la mayor preocupación de esta por la defensa de los intereses económicos de terratenientes, empresarios y transnacionales, así como a los poderes políticos que dan cobertura a estas actuaciones.
Se podría pensar que toda esta situación responde solo a lo hasta ahora descrito, es decir, a los intereses puestos en la riqueza de los recursos naturales que guardan muchos territorios indígenas. Y sin embargo, siendo así, hay además otras razones más profundas y pretendidamente invisibilizadas pero definitorias igualmente de estas acciones contra los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Hoy estos pueblos demuestran en todo el mundo su capacidad de sobrevivencia y su dignidad como tales. Pero también muestran, como sujetos políticos, sus alternativas al modelo dominante neoliberal ya hablemos en el orden económico, como en el político, social y cultural. Plantean propuestas y elementos teóricos, pero también prácticos, viables para otros modelos más justos, equitativos y respetuosos entre personas, pueblos y, de ambos, con el planeta que nos sustenta. Alternativas que se dirigen igualmente hacia el resto de la población no indígena, validándose hacia otros grupos y actores sociales. Así, se operan propuestas como las que encierra el paradigma del Buen Vivir como propuesta política y de vida, la construcción de verdaderos estados plurinacionales respetuosos de los derechos de los pueblos, la posibilidad de articular y estructurar otras economías plurales que no tengan como único eje central la propiedad privada y el beneficio a cualquier precio, o la recuperación del estado y del poder político de su responsabilidad ante sus sociedades y de control del poder económico y del mercado.
Por eso hoy nuevamente, las propuestas indígenas económicas, sociales y políticas, planteadas y asumidas en cada vez mayor medida por otros sectores, lo que facilita y empuja hacia el establecimiento de alianzas con gran capacidad de incidencia y movilización política, se encuentran en medio del camino de los intereses del capital internacional. Los poderes económicos, con la cobertura de muchos gobiernos, avanzan nuevamente en los territorios indígenas, como una nueva fase de un inacabado y continuo proceso de conquista y colonización, con la imposición sistemática de megaproyectos y expolio de los recursos naturales. De esta forma, los avances adelantados en derechos, ya hablemos de legislaciones nacionales o de los conseguidos en los espacios internacionales, se retrotraen por la constante violación de los mismos por parte de las transnacionales, la cobertura a las mismas de los gobiernos y la inefectividad de las sentencias judiciales y de las transformaciones políticas que no llegan, en la mayoría de los casos, a alcanzar realmente a estos espacios y pueblos.
Por todo lo anterior, sigue siendo urgente que se reconozcan plenamente y se ejerzan sin restricción la totalidad de los derechos para que la defensa del territorio, del autogobierno efectivo, de la totalidad en suma de los derechos que corresponden a los pueblos indígenas no sigan siendo motivo de muerte y destrucción física y cultural por parte de los poderes económicos, con la cobertura de demasiados poderes políticos.
Publicado en: Gara / 2013 julio 09
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