Pernilla Nordwell -Prensa Comunitaria.
Publicado en desInformemonos.org
"Los planes para instalar
una hidroeléctrica en territorio comunitario son respondidos con un
plantón pacífico de los campesinos guatemaltecos, a quienes la represión
no da descanso."
Huehuetenango, Guatemala.
Para impedir la entrada de los trabajadores de la empresa Hidro Santa
Cruz, que persiste en su intención de construir una hidroeléctrica en
Barillas a pesar del contundente rechazo de la población, los
comunitarios instalaron un plantón pacífico en el camino. El gobierno
insiste en perseguir judicialmente a estos defensores del territorio y
culparlos de los hechos violentos suscitados desde mayo de 2012.
“No queremos guerra, no queremos más
muertos y no queremos que nos persigan. Tomamos una decisión conjunta y
el siete de abril nos bajamos aquí”, explica Micaela Gonzáles, una de
las participantes en el plantón pacífico en Santa Cruz Barillas,
Huehuetenango, Guatemala. Este lugar ahora lleva el nombre Nuevo
Amanecer.
El plantón pacífico para impedir que la
empresa Hidro Santa Cruz S.A. instale una hidroeléctrica en el área está
ubicado sobre el camino comunitario, es decir, una vía cuyo dueño es la
comunidad. Por este mismo camino, el comunitario Andrés Pedro Miguel
fue asesinado en 2012. Según testigos, los responsables del atentado son
personas que trabajaron para la seguridad privada de la empresa.
“Aquí siempre pasan policía y militares
para cuidar a la empresa, y es el camino más directo para llegar a donde
quieren instalar la hidroeléctrica. Por eso las compañeras que pasan
por este camino tenían miedo”, informa Gonzáles.
Inspirados por la Puya
La decisión de hacer un plantón se tomó
dentro de la comunidad y se forjó a base de varios intentos de recuperar
el paso del camino. “Nosotros nos preguntamos, ¿qué podemos hacer como
sociedad civil para que los trabajadores de la empresa ya no pasen en
nuestro camino? Primero intentamos hacer en el camino un zanjón, pero
unos días después la empresa lo arregló y empezaron a pasar otra vez”,
relata Gonzáles.
Después de intentar la construcción de
otro zanjón, los comunitarios se dieron cuenta de que era necesaria una
solución más permanente. Ahora están organizados en equipos que realizan
turnos por comunidad para que siempre haya alguien que esté vigilando y
cuidando el camino.
“Escuchamos que hay compañeros en La
Puya, en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, una comunidad lejana,
que están en una manifestación pacífica. Esta idea nos inspiró;
decidimos hacer un plantón y construimos esta casita en este lugar donde
estamos en resistencia pacífica” explica la comunitaria.
Rechazo y represión
La población resiste los planes de Hidro
Santa Cruz para construir una hidroeléctrica desde hace años. En 2007
se realizó una consulta comunitaria de acuerdo con el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la que la población
fue consultada acerca de su actitud hacía minería y otros proyectos de
gran escala. Un total de 46 mil 479 personas rechazaron este tipo de
proyectos en sus tierras, mientras que nueve personas dieron su
consentimiento.
A pesar del rotundo rechazo, la empresa
empezó su instalación a partir del 2009. El primero de mayo de 2012,
Andrés Pedro Miguel fue asesinado y dos personas fueron heridas. En
este mismo contexto hubo una serie de hechos violentos protagonizados
por un grupo de personas desconocidas. Después del ataque, el presidente
Otto Pérez Molina ordenó un Estado de sitio que ha sido fuertemente
criticado. Se culpó al movimiento social comunitario de estos hechos,
pero la mayoría de estas personas afirman que su lucha es pacífica y que
en todo momento han acudido a las autoridades para que se resuelva el
problema.
Persecución jurídica
A principios de mayo 2012, 11 personas
fueron detenidas en relación con los hechos violentos de mayo de 2012.
La Organización de las Naciones Unidas comprobó que estas detenciones
fueron ejecutadas por particulares, lo cual significa que fueron
ilegales y arbitrarias. Después de ocho meses de prisión preventiva, los
defensores del territorio salieron libres en una audiencia que se
celebró en Santa Eulalia en enero de 2013. En la audiencia, se dio un
plazo de seis meses al Ministerio Público para concluir la
investigación. Sin embargo, la audiencia pendiente ya fue anulada dos
veces y, por lo tanto, el caso permanece sin conclusión.
Además de las personas detenidas, hay
otras que son perseguidas y tienen órdenes de captura; todavía hay más
de diez órdenes vigentes. En el caso de Rubén Herrera, la primera orden
de captura salió en 2010 y él fue detenido afuera de su casa el 15 de
mayo de 2013. En la audiencia, que se celebró el 30 de mayo, el juez
Miguel Ángel Gálvez concluyó que las evidencias en contra de Herrera
eran insuficientes y, por lo tanto, aceptó la solicitud del Ministerio
Público para la clausura provisional del caso. La empresa, como
querellante del caso, apeló la decisión de la Corte, pero esta apelación
fue rechazada el 22 de julio.
Publicado el 29 de julio de 2013
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