domingo, 19 de mayo de 2013

Atrás del mal intencionado CACIF






Por Nelton Rivera. 

¿Porque tan viscerales los empresarios?, ¿que subyace a su injerencia pública sobre el poder judicial?, ¿por qué defienden a un Genocida?, ¿por qué niegan el genocidio? le tomo dos días al CACIF vociferar sendas amenazas  en contra de la resolución emitida por la jueza Jazmín Barrios, Patricia Bustamante y el juez  Pablo Xetumul, quienes dirigieron el Juzgado de Mayor Riesgo A y emitieron sentencia condenatoria por genocidio. 

Con qué descaro se muestran amenazantes los señores del capital mal habido, acaso no recuerdan que sus ancestros llegaron de Europa a este país, del cual siguen siendo ajenos. Según Julio Castellanos Cambranes se impusieron con la guerra y la religión sobre los pueblos originarios hace 500 años y fueron ellos mismos los que realizaron el primer genocidio como resultado de la  invasión y colonización en el siglo XVI.[1]

Primero se apoderaron de nuestras tierras y luego convirtieron a los pobladores en esclavos y siervos. Se apoderaron de sus cuerpos y en la mayoría de los casos, de sus mentes”.[2]

Hay que ver, que son sin vergüenzas, acaso no fueron sus abuelos y abuelas quienes formaron sus inmensas riquezas, acapararon gigantescas extensiones de tierras como resultado del despojo y saqueo contra los pueblos originarios, durante la colonia, luego durante el periodo liberal y el establecimiento del monocultivo del café como modelo agro exportador, acaso no fueron ellos mismos los que continuaron con el Genocidio durante el siglo XIX. 

Ahora quieren negar y anular la aplicación de justicia para el pueblo maya Ixil, pretenderán que quede en el olvido, cuando fueron ellos mismos y sus padres, quienes proclamándose anti comunistas, financiaron y participaron dentro de las filas del MLN desde 1954.  Formaron escuadrones de la muerte como las organizaciones: Nueva Organización Anticomunista (NOA), Comité de Resistencia Anticomunista de Guatemala (CRAG), y Movimiento de Acción Nacionalista Organizado (MANO)[3]  por mencionar algunas, ademas cogobernaron durante los 36 años de guerra junto a los militares y hasta la fecha no han dejado de tener poder.

En conferencia de prensa y a través de un comunicado que titularon “CACIF llama a la Corte de Constitucionalidad  a preservar gobernabilidad y futuro del país”, José Santiago Molina actual presidente del CACIF y ex presidente de la Cámara del Agro fue el encargado de dirigir el desagravio en contra de la condena por Genocidio contra el ex general golpista Efraín Ríos Montt, desconociendo dicha resolución y reafirmando el apoyo abierto al Genocidio y a uno de sus principales ejecutores. 

Según ellos expresan "que las consideraciones que el tribunal ha efectuado sobre el delito de genocidio, evidencian que se ha hecho una calificación inadecuada de esa figura, “que la violencia ocurrida durante  el conflicto armado, en el que guatemaltecos de diversa condición se agredieron entre sí”, acusan al tribunal de “vulnerar la legítima defensa” del genocida, afirman que la aplicación de justicia en este caso “abona a la polarización” por un sesgo ideológico, además de haber existido “presión de personas y organizaciones internacionales”.  

Por otro lado Santiago Molina representa al sector más duro proveniente de la Cámara del Agro, siendo uno de los protagonistas para que la iniciativa de ley 4084 “Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral” fuera desechada del Congreso de la República, en una lucha abierta contra el campesinado guatemalteco. 

En diciembre del 2012 el sector oligárquico violentó la autonomía del poder legislativo, la Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej denuncio estas acciones como “golpe técnico al Congreso de la República” y que el “Estado de Guatemala está secuestrado por el poder económico tradicional” para evitar la aprobación de la iniciativa de ley 4084 que llevo 12 años de negociación. 

Nuevamente el CACIF quiere asestar un golpe técnico al poder judicial ejerciendo presión mediática, económica y política contra la Corte de Constitucionalidad buscando que magistrados y magistradas que la conforman sean quienes reviertan la resolución emitida por el Tribunal de Mayor Riesgo A y con ello anular la condena por Genocidio y dejar en libertad al genocida. 

¿Quién está al lado de  los oligarcas?

En una de las acciones públicas del CACIF, durante la conferencia de prensa realizada el 12 de mayo,  se vieron las viejas caras del sector empresarial; llamó mi atención que también aparecieron rostros indígenas, de de quienes en los últimos años han apoyado las estrategias de criminalización y ataques contra de las comunidades en defensa del territorio, el movimiento indígena, campesino y popular, operadores políticos encargados de desarticular las luchas comunitarias para beneficiar a las empresas. 

Sobresalen representantes de la nueva Cámara Empresarial Maya como Francisco Raymundo, miembro de la Convergencia Indígena Kab'Awil, quien durante el gobierno de Álvaro Colom representó, junto a otras personas, los intereses de empresas transnacionales, respaldando el intento de crear un “Reglamento para el Proceso de Consulta del Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes”, mismo que beneficiaría las operaciones de mineras, hidroeléctricas, entre otras. 

En esta misma línea se encuentra otro personaje, actual presidente de GUATEMAYA, Luis Tepeu Pirir, quien ha sido denunciado varias veces, por promover agresiones, atentados y violaciones de los derechos del pueblo maya Kakchikel de San Juan Sacatepéquez, Luis Tepeu es reconocido por ser uno de los operadores de la empresa Cementos Progreso[4] y liderar a uno de los grupos que ha promovido conflictividad comunitaria, junto a las autoridades municipales. 

No es de extrañar entonces que frente a una condena por genocidio cometido durante 1982 y 1983 en contra del pueblo maya Ixil, el CACIF salga acompañado por estos personajes. 

La Jueza Jazmín Barrios al cerrar la audiencia histórica el 10 de mayo, dejó abierta la posibilidad de profundizar la investigación, sobre otras personas que tengan responsabilidad material e intelectual sobre genocidio. Se abre una brecha para juzgar las atrocidades cometidas no solo por el ejército de Guatemala, sino también por las elites económicas y políticas que fueron parte de ese proyecto para garantizar el estatus quo de una minoría que ahora intenta anular la sentencia. 

“Se ordena al ministerio publico continuar con la investigación correspondiente en contra de las demás personas que pudieran haber participado en los hechos”[5]

No es casual entonces que frente a la condena del genocida de Ríos Montt y la sentencia histórica por Genocidio, salten las voces más feroces del sector oligárquico de este país. 

A ellos, hay que recordarles que el genocidio ha sido una práctica histórica que ellos y sus ancestros, han  realizado para mantener el modelo económico al que sirven y del que se benefician.

                                       Foto: Prensa Libre 13 de mayo de 2013.





[1] Aspectos socioeconómicos de la propiedad agraria en Guatemala bajo el Feudalismo Colonial. J.M. Fernández Fernández y J.C. Cambranes.

[2] Entrevista a Julio Cesar Cambranes. Margarita Carrera. Guatemala 9 de diciembre 2008.

[3] Guatemala: Memoria del Silencio. Apéndice 16. Capítulo I.

[4] Cementos Progreso mantienen el monopolio del cemento en Guatemala, es propiedad de la familia Novella Castillo y el  accionista mayoritario de Cementos Progreso, es el Grupo Cemcal Progreso.


[5] Fragmento  de la sentencia emitida por el Juzgado de Mayor Riesgo A en contra del general Efraín Ríos Montt por Genocidio  y leída por la jueza Jazmín Barrios. Guatemala 10 de mayo 2013.

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