El debate público y oral sobre la supuesta comisión de genocidio contra población ixil que inicia el 19 de marzo de 2013 no sólo es un triunfo categórico de las víctimas del conflicto armado interno, sino también del sistema de justicia guatemalteco, dado que va a ser el primer tribunal nacional en el mundo que va a juzgar a un ex Jefe de Estado por genocidio. En estas páginas analizamos parte de los retos a los que se enfrenta el sistema de justicia para abordar las pretensiones tanto de la acusación como de la defensa de dos altos mandos castrenses y llegar a la respuesta fundamentada de dos cuestiones: ¿se cometió genocidio contra el grupo étnico ixil en Guatemala durante el gobierno de facto del General Ríos Montt? ¿Son penalmente responsables el propio Ríos Montt y su Director de Inteligencia de estos hechos?
La convicción sobre la verdad histórica de lo ocurrido en el área ixil a la que llegue el Tribunal de Sentencia pasará necesariamente por la superación de ciertas debilidades que han sido características del sistema de justicia guatemalteco, especialmente en el enjuiciamiento de casos de alto impacto. Las presiones externas, la valoración de la prueba, la adecuación de hechos a tipos penales complejos o la responsabilidad penal de autores no materiales de delitos son asignaturas pendientes que serán examinadas con lupa por una opinión pública ávida de conocer una parte de su historia hasta ahora negada. De estas debilidades son plenamente conscientes tanto la acusación como la defensa sólo que sus estrategias para abordarlas han sido completamente diferentes hasta ahora.
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