martes, 23 de abril de 2013

¿Hubo genocidio en Guatemala?

Efraín Ríos Montt Juicio por Genocidio/ Fotografía Cristina Chiquin

César Ramiro García


Esa es la pregunta que intenta responder el juicio que se sigue en estos días, en el que se sindica a Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez como responsables de los actos de genocidio cometidos contra el pueblo Ixil entre 1982 y 1983. Después de 12 años de batalla jurídica de CALDH y AJR, y de cerca de 100 recursos dilatorios interpuestos por la defensa (entre muchos otros obstáculos jurídicos y políticos) se llegó al juicio que inició en marzo pasado.

Como en todos los países que se han enfrentado al trauma del exterminio de una gran cantidad de su población, en Guatemala el juicio ha despertado del letargo la polarización que siempre ha existido. Pareciera que los extremos se han alineado de nuevo por un objetivo común. Por un lado, la derecha económica y militar aboga porque no se juzgue el delito de genocidio, mientras la izquierda presiona para que el juicio se lleve a cabo sin más dilaciones.

Parte de quienes quieren que el juicio sea anulado, utilizan tácticas heredadas de la contrainsurgencia, como la usurpación del logo de AJR y la publicación de panfletos cargados de odio y violencia en distintos medios escritos, radiales y televisivos. Esta estrategia no merece comentario alguno, pero sí debe denunciarse, porque al llevar a juicio a los exmilitares, las víctimas lo que buscan es que no regrese el pasado. Es eso lo que la mayoría de testigos ha dicho en el tribunal: “No quiero que le pase esto a mis hijos”, “No quiero que esto se repita”…

Pero lo que sí merece comentario e indignación es la posición de otros políticos y tecnócratas que han intentado ocupar posiciones más moderadas. Gran parte de su argumento en contra del juicio se basa en tres falacias que intentan, por un lado, descalificar la lucha social y política, y por otro, apelar al miedo de la clase media.

Dice un comunicado publicado el 15 de abril, que el juicio pone en riesgo la paz alcanzada en 1996, ya que desde aquella fecha en Guatemala no hubo violencia política. Eso es verdad a medias. Lo que ya no hubo a partir de la firma de la paz fue el enfrentamiento armado entre dos bandos, y eso significó el cese de la violencia política hacia quienes detentan el poder político y económico del país. Pero la violencia política no dejó de existir con la firma de la paz. Campesinos e indígenas, jóvenes y mujeres, pueden atestiguar que se les ha perseguido e incluso se ha buscado eliminar a sus líderes, por la lucha social que ellos libran.

El segundo argumento es que las partes enfrentadas en el conflicto cumplieron con lo que se les ordenó tras la firma de la paz y que el ejército se redujo y profesionalizó. Esto también es verdad a medias. Si bien el número de efectivos del ejército fue reducido durante el gobierno de Berger, su presupuesto se ha venido incrementando año tras año y el ejército sigue siendo una fuente inagotable de corrupción. Que la doctrina militar no ha cambiado mucho del conflicto armado al presente, lo demuestra la masacre de 6 miembros de los 48 cantones de Totonicapán que protestaban pacíficamente el 4 de octubre de 2012. Y no sólo la estructura militar es la que se mantiene inmutable. Todavía existen poderosas estructuras paraestatales vinculadas a la política y al crimen organizado, muchas de ellas integradas por exmilitares.

Un tercer argumento viene de la línea editorial de los medios de comunicación, que dicen que la división y la amenaza provienen de las víctimas y activistas que promueven el juicio. Una lectura detenida del actuar de las víctimas permite observar que son portadoras de una mesura envidiable y admirable, tras los vejámenes que sufrieron. Esos mismos medios son los que permiten que en sus páginas se publiquen mensajes de odio y racismo, no sólo en campos pagados, sino en los espacios para que sus lectores emitan comentarios. La agresividad de esos comentarios no es sólo sobre el tema del juicio, sino sobre cualquier tema político que se discuta en el país. Esto pasa precisamente porque existe la polarización, no porque quienes promueven el juicio la estén creando, sino porque ésa fue una de las consecuencias (que no puede medirse en números) del conflicto, junto con el aprendizaje de la violencia, la promoción del miedo, el silencio, la desconfianza y descalificación del otro.

Los medios, además de argumentar contra el juicio, también han ocultado información con el objetivo de hacer creer a sus lectores que a los acusados del juicio se les ha negado el derecho a la legítima defensa. Hicieron mucho eco de la supuesta orden de suspensión del juicio por parte de la CC y nada dijeron acerca del párrafo de la resolución que decía que es ilegal suspender el juicio. Tampoco han dicho que si los acusados parecen indefensos es precisamente porque la defensa no ha cumplido con presentar sus medios de descargo, testigos y peritos en los momentos procesales adecuados. Nada han dicho, por ejemplo, de la disposición de CALDH y AJR de aceptar los medios de descargo de la defensa, aun sabiendo que no fueron presentados en el tiempo correcto.

Un último argumento en contra es que el juicio terminará por romper los puentes que fueron tendidos gracias a las negociaciones de paz. ¿A qué puentes se refieren? Posiblemente a los puentes que existen entre algunas elites intelectuales y militares. Al contrario de lo que este argumento dice, el juicio está demostrando que es una gran oportunidad para la construcción de nuevos puentes, más horizontales, entre grupos que han tenido intereses diferentes, pero que se ven unidos en la lucha contra la impunidad.

Muchas personas que se han solidarizado con el caso Siekavizza quizás no se han interesado mucho por saber qué pasó durante el conflicto, pero ahora encuentran que la jueza que dejó libre a la madre del principal sospechoso es la misma que intentó anular el juicio por genocidio.



Los miembros de los 48 cantones de Totonicapán no fueron golpeados durante el conflicto de la misma forma que el resto de comunidades y organizaciones indígenas y campesinas, pero ahora encuentran que existe una relación entre la forma como fueron reprimidos en octubre pasado y la represión del conflicto… y la jueza que benefició a los militares implicados en la masacre es la misma que intentó anular el juicio.

Y cientos de jóvenes que interactúan todos los días en las redes sociales han demostrado su empatía hacia quienes impulsan el juicio, no únicamente desde el espacio virtual, sino con su presencia física en las cortes. Esos jóvenes no provienen de un espacio organizado específico, ni siquiera de una sola universidad.

Pero la estrategia de quienes adversan el juicio no va dirigida hacia quienes están a favor del juicio, ni siquiera hacia quienes están de acuerdo en que el juicio no debe continuar. El público objetivo de todos esos argumentos es la gran cantidad de población indiferente al tema. El mensaje que se les está enviando es que hay que tener miedo de hablar, denunciar las injusticias y organizarse, un poco como diciendo que a quienes les pasa algo en este país es porque “en algo andaban metidos”.

A la pregunta de si hubo o no genocidio, el tribunal será quien dé una respuesta. CALDH y AJR han aprendido a lo largo de los años que el jurídico es un sistema y que los argumentos para ganar una batalla legal a fin de cuentas deben ser jurídicos y no políticos. A quienes adversan el juicio les hace falta aprender esto. Son miles los guatemaltecos que piensan que el genocidio y su intencionalidad se puede probar, no sólo hacia los ixiles, sino también hacia los k’iche, achi’, q’eqchi’ y el resto de pueblos indígenas del país. El tribunal puede decir lo contrario, pero esa respuesta no la sabremos mientras se siga entorpeciendo el proceso.

A la sociedad guatemalteca en su conjunto le hace falta aprender a dialogar y comprender al otro. Pero vamos dando pequeños pasos hacia adelante. Si este juicio llega a término, más allá de qué sentencia se dicte, habremos dado un pasito más.

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