Por la Redacción de Prensa Comunitaria –
CMI Guatemala.
El Procurador de Derechos Humanos, Jorge De León Duque, emitió el día viernes 22 de febrero 2013, una solicitud para que la Supervisión de Tribunales inicie un proceso de investigación administrativa a cuatro jueces, informa el diario Siglo 21.
Detenciones ilegales
Los jueces tachados por “Violación de los derechos humanos” son Anthony Pivaral de León, del Juzgado de Paz de Santa Cruz Barillas; Hugo Tun, de Santa Eulalia; Erick García Alvarado, juez de Paz Penal de turno de la capital, y Adrián Rodríguez Arana, juez séptimo de Instancia Penal.
El Procurador solicita esta investigación por las violaciones de derechos humanos cometidos en contra de nueve líderes comunitarios de Santa Cruz Barillas, con su detención ilegal ocurridas el día 2 de mayo del año 2012.
Ese día 2 de mayo de 2012, un grupo de personas civiles pertenecientes a familias de la cabecera municipal de Santa Cruz Barillas, capturaron ilegal y arbitrariamente a Diego Juan Sebastian, Andrés León Andrés Juan, Joel Gaspar Mateo, Ventura Juan, Antonio Rogelio Velazquez López, Saúl Aurelio Méndez Muñoz, Pedro Vicente Núñez Bautista, Amado Pedro Miguel y Marcos Mateo Miguel, algunos de los detenidos y líderes comunitarios llevaban más de cinco años de lucha pacífica en defensa del agua, oponiéndose a las actividades de la empresa española Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz.
Posterior a la detención ilegal, las personas civiles llevaron a los líderes comunitarios a las autoridades, involucrándose entonces agentes de la Policía Nacional Civil, ejército y el Juzgado de Paz de Santa Cruz Barillas; quienes permitieron la violación de los derechos constitucionales y el debido proceso de justicia de los líderes comunitarios. Según Alberto Brunori, representante en Guatemala de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos las detenciones efectuadas el 2 de mayo fueron ilegales según los estándares internacionales.[1] Y también dijo “A los particulares no les es permitido hacer detenciones fuera de casos de flagrancia ni siquiera en Estados de Sitio”
En el trayecto, en la carretera les toman fotografías que fueron publicadas el día tres de mayo en Prensa Libre, también les fotografían en la base militar y en la comisaría de la policía. Según el artículo 13 de la Constitución “las autoridades policiales no podrán presentar de oficio, ante los medios de comunicación social, a ninguna persona que previamente no haya sido indagada por tribunal competente.”
Después de varias irregularidades fueron trasladados al Centro Preventivo de la zona 18 de la capital, sin haberles comunicado las razones de su detención ni ser escuchados por un juez.
Ningún particular debe detener fuera de casos de flagrancia a nadie, además fueron detenidos y llevados al destacamento militar antes de la publicación oficial del Estado de Sitio[2]. Además de que los medios de investigación presentados por el Ministerio Público estuvieron viciados por haber nacido con posterioridad a la detención ilegal[3].
El Procurador de Derechos Humanos también constata cómo transcurrieron 16 días para que un Tribunal en la ciudad capital les tomara la primera declaración, además fueron violentados sus derechos constitucionales según los artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10, también según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Después de más de ocho meses de detención injusta e ilegal, los líderes comunitarios fueron liberados porque el Ministerio Público no pudo comprobar la participación de ninguno de ellos en los hechos y delitos de los que se les acusó que fueron: atentado, asociaciones ilícitas, robo agravado, plagio o secuestro, detención ilegal, allanamiento con agravación específica coacción y terrorismo, instigación a delinquir y desorden público.
Las declaraciones de los testigos que reconocen a los detenidos como responsables de los hechos, nacen a partir de las publicaciones de prensa del día 3 de mayo del 2012[4].
Para ampliar vea: Su libertad es una rotunda Victoria, la lucha continua en Barillas
Varios informes de organismos internacionales y de organizaciones de derechos humanos documentan la injusticia de estas detenciones y las violaciones de la justicia y de los derechos humanos en los que han incurrido las autoridades gubernamentales y jueces así como la empresa española Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz.
Para ampliar vea: La Presencia de Hidro Santa Cruz en Barillas, Una historia de imposición y violencia
Para Jorge De León Duque, Procurador de los Derechos Humanos, este hecho es una clara violación de los derechos humanos de estas personas y la violación del debido proceso a la justicia. Esta es la razón para emitir una sanción moral a los jueces Anthony Pivaral de León, del Juzgado de Paz de Santa Cruz Barillas; Hugo Tun, de Santa Eulalia; Erick García Alvarado, juez de Paz Penal de turno de la capital, y Adrián Rodríguez Arana, juez séptimo de Instancia Penal.
La PDH con ésta solicitud establece una tacha en contra de estos cuatro jueces por “Violación de los Derechos Humanos”, ya que cada uno de ellos cometió reiteradas violaciones durante el momento que tuvieron en sus manos la posibilidad de aplicar la justicia con los casos de los 9 líderes de Barillas.
Esta resolución es un antecedente importante para poner atención en la aplicación de la justicia en Guatemala, pues evidencia cómo las autoridades judiciales han caído en prácticas ilegales en la criminalización de la lucha social como la mantenida en Barillas. Las personas que sufrieron todos estos abusos y acusaciones injustas por parte del gobierno y medios de comunicación merecen justicia y un resarcimiento simbólico, económico y político por parte del Estado de Guatemala.
Es imprescindible que las autoridades del Organismo Judicial revisen las órdenes de captura aun vigentes contra 22 líderes de Santa Cruz Barillas, perseguidos también injustamente por su oposición a las actividades de Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz y que se avance en el juicio a los presuntos responsables de la muerte de don Andrés Pedro Miguel; y que la sociedad en su conjunto continúe vigilando para que no se repitan las violaciones a los derechos humanos detectadas en este caso.
[2] Informe de Verificación Estado de Sitio Santa Cruz Barillas,
Convergencia por los Derechos Humanos.
[3] Amparo interpuesto por la Defensa de los detenidos en contra
del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos
contra el Ambiente del departamento de Guatemala, en la sala tercera de
apelaciones del Ramo Penal”
[4] Ibíd.
Vea las declaraciones del Procurador de Derechos Humanos de Guatemala sobre las violaciones a los derechos humanos y el debido proceso en contra de los Presos Políticos de Santa Cruz Barillas:
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