Santa
Eulalia, miércoles 9 de enero 2013, el Juez Luis
Fernando Pérez Zamora del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos
contra el Ambiente del municipio de Santa Eulalia, resolvió a las dos de la
tarde con treinta minutos, que: Admite desistimiento de toda acción civil o
penal y ordena la inmediata libertad de Diego Juan Sebastian, Andrés León Andrés Juan, Joel Gaspar
Mateo, Ventura Juan, Antonio Rogelio Velazquez López, Pedro Vicente Nuñez
Bautista, Saúl Aurelio Méndez Muñoz y Amado Pedro Miguel. Quedando
clausurado provisionalmente este proceso, para esto el juez requirió al
Ministerio Público que durante cinco meses debe investigar más a fondo y que
presentara acusación en contra de los detenidos si encontraba algún elemento
que lo requiriera[1].
La
audiencia dio inicio a las 9 de la mañana, esta se constituyo como una audiencia
intermedia del caso 92 2012, caso en el MP 80 555, durante esta audiencia el
Juez discutió sobre el proceso presentado en la audiencia del 26 de septiembre
2012, en donde el Ministerio
Publico MP imputó a los detenidos los delitos de: “atentado, asociaciones ilícitas, robo agravado, plagio o secuestro,
detención ilegal, allanamiento con agravación específica, coacción y
terrorismo, instigación a delinquir y desorden público.”
Esta
resolución era esperada por los presos políticos de Barillas, familiares,
esposas, hijos e hijas, comunidades que se movilizaron en apoyo desde los
municipios cercanos, medios alternativos, el equipo de abogados defensores
y representantes de organizaciones
quienes permanecieron dentro de la sala de audiencias y fuera del centro de
justicia a la espera del fallo del juez. Transcurrieron exactamente 242 días de
su detención ilegal.
Se esperaba
una posible liberación en el transcurso de esta audiencia, que por ocho meses
desde Mayo del 2012 los comunitarios fueron injustamente detenidos y
encarcelados, tras ese largo tiempo
se logra que la justicia y el sistema de justicia den marcha atrás con
una serie de violaciones sistemáticas al debido proceso de justicia y violaciones de los derechos de los presos
políticos.
La
liberación de los hermanos y compañeros presos políticos es el reflejo de la
lucha colectiva, misma que se alcanzó gracias a la determinación de sus
esposas, a los pueblos de Barillas que continuaron en resistencia y en defensa
del territorio, gracias al espíritu de los presos políticos por RESISTIR y
LUCHAR. También gracias al trabajo coordinado por los abogados defensores quienes
conformaron el equipo jurídico: Carlos Bezares, Carlos Surque, Sergio Vives
y Pedro Mateo.
En
momentos difíciles fueron claves las
esposas y compañeras, familiares, hijos, hijas, comunidades rurales, la resistencia del casco urbano, la
solidaridad de los pueblos hermanos de la zona norte de Huehuetenango, y del resto del país, organizaciones,
la presencia de los medios alternativos locales y nacionales, así como el aporte de personas que desde lo
individual se sumaron por una causa justa, la libertad de los hermanos
barillenses.
Muchas
de las exigencias de las personas que estuvieron presentes durante la audiencia
en el juzgado de Santa Eulalia se hicieron sentir nuevamente, las cuales son la no instalación de la empresa
hidroeléctrica Hidro Santa Cruz, así como el retiro inmediato del territorio
de Santa Cruz Barillas.
El
respeto de las diferentes asambleas comunitarias en rechazo a la presencia de
empresas transnacionales, en el caso concreto de Ecoener Hidralia Energía
- Hidro Santa Cruz.
Estas demandas continúan siendo eco y reflejo de los planteamientos, exigencias y de las decenas de actas de los pueblos de Santa Cruz Barillas que desde el año 2007 hasta la fecha, se han elaborado y planteado sobre la base de exigir el retiro de la empresa hidroeléctrica para recobrar la paz del municipio.
Estas demandas continúan siendo eco y reflejo de los planteamientos, exigencias y de las decenas de actas de los pueblos de Santa Cruz Barillas que desde el año 2007 hasta la fecha, se han elaborado y planteado sobre la base de exigir el retiro de la empresa hidroeléctrica para recobrar la paz del municipio.
Con
esta victoria de las comunidades y pueblos de Santa Cruz Barillas queda
claramente demostrado que DEFENDER EL AGUA Y EL
TERRITORIO Y OPONERSE A LA INSTALACIÓN DE LA EMPRESA EXTRANJERA HIDRO SANTA
CRUZ NO ES UN DELITO.
Ahora queda la lucha por la
restitución de los derechos de los lideres y lideresas que tienen orden de
captura, el restablecimiento de las condiciones para el regreso a sus
comunidades de los compañeros liberados el día de hoy y la paz que tanto añoran los pueblos de Santa Cruz
Barillas.
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