Pese a la liberación de los presos políticos aún quedan muchos
pendientes para que vuelva la paz
Quimy De León y Santiago Bastos
El pasado día 13 de enero
de 2013, se celebró en Santa Cruz Barillas el regreso a casa de Diego Juan
Sebastián, Andrés León Andrés Juan, Joel Gaspar Mateo, Ventura Juan, Antonio
Rogelio Velásquez López, Pedro Vicente Núñez Bautista, Saúl Aurelio Méndez
Muñoz, Amado Pedro Miguel, Marcos Mateo Miguel y la injusta encarcelación de
Pascual de Pascual Pedro y Esteban Bernabé Gaspar.
Después de más de ocho
meses, recuperaban una libertad que se les había robado; pero su lucha y la
nuestra no termina ahí.
La conflictividad en Barillas
El día 1 de mayo de 2012 Santa Cruz Barillas saltó a
los medios de comunicación por los hechos que llevaron a la implantación de un
Estado de sitio bastante cuestionable. Pero los conflictos no iniciaron ese
día, como nos quisieron hacer creer el gobierno y los medios. El origen de los
problemas y el mismo conflicto son responsabilidad de la empresa Ecoener
Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz, que desde el año 2009 estaba operando en
contra de la voluntad de los pueblos y comunidades.
Desde su llegada a esa población en 2008, el
comportamiento de esta empresa, filial guatemalteca de ésta empresa española,
se ha caracterizado por los constantes hechos
delictivos y criminales en contra del pueblo de Barillas, como disparos de arma
de fuego al aire, agresiones físicas, psicológicas y verbales por parte
la seguridad privada y personeros de la empresa. Incluso se llegó a la
colocación de explosivos en los alrededores de las instalaciones de la planta hidroeléctrica.
Durante más de tres años, cientos de
personas de las comunidades de Barillas han puesto denuncias contra estas
intimidaciones, amenazas y abusos y han estado alertando y pidiendo la
intervención de las autoridades por las constantes agresiones en que ha
causado en ese municipio dicha empresa.
Además su presencia ha causado división
comunitaria e incluso familiar. Como en otros casos en el país, la forma de
actuar de la empresa consiste en contratar a un reclutador/a de la misma
comunidad para que les ofrezca trabajo a su misma familia, vecinos, etc. Dese
ahí se busca romper la solidaridad comunitaria aprovechando las necesidades de
la gente.
Por esta conflictividad que provocaba
en la localidad, el mismo Consejo Municipal se negó a dar la licencia y
permitir el inicio de operaciones de la empresa española.
Los gobiernos de Colom y de Pérez Molina nunca
atendieron las demandas de la población y con ello se convirtieron en
responsables de esta impunidad, y lo que ocurrió después. El mismo Estado de Guatemala es responsable de una serie
de violaciones graves a tratados internacionales como el Convenio169 de la OIT,
la Declaración sobre Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y a la misma
Constitución Política de Guatemala.
Detenciones ilegales
El día 2 de mayo de 2012
se produjo la detención de todas estas personas. Como se ha repetido hasta la
saciedad, en nueve de los once casos se trató de detenciones ilegales y todas
ellas fueron irregulares. Desde la
instalación del estado de sitio en Barillas, se dieron un gran número de
irregularidades, ilegalidades, y violaciones al debido proceso en la solicitud
de sus órdenes de captura y en los procesos de investigación. Existen suficientes evidencias de las irregularidades desde el momento de la detención, al mismo
tiempo las acusaciones y los delitos que se les imputan no han podido ser
comprobados.
· Fueron detenidos y llevados al destacamento militar antes de la
publicación oficial del Estado de Sitio.
·
Quienes detuvieron a algunas de
éstas personas no fueron las autoridades, sino personas particulares quienes
posteriormente los llevaron o a la Policía Nacional Civil o al destacamento
militar.
· Desde
este arresto ilegal hasta su traslado al Centro Preventivo de la zona 18 en la
ciudad capital, fueron constantemente golpeados y amenazados. A medio camino
les bajaron de los vehículos en donde los trasladaban para tomarles
fotografías, que son las que aparecieron al día siguiente en los medios de
comunicación impresos.
·
Los medios de investigación presentados por el Ministerio Público
están viciados porque se forjaron con posterioridad a la detención ilegal.
·
Las pruebas presentadas no logran demostrar que los detenidos son
responsables de los hechos de los que se les acusan. En el caso de los daños al
Hotel La Estancia, el dueño no reconoce ni señala a ninguno de los detenidos,
tampoco se les encontró ninguno de los objetos robados en su poder. En el caso de la toma del destacamento
militar, el Sargento Segundo del Ejército José María Gomez Raymundo describe
los hechos del 1 de mayo, sin embargo no señala a ninguno de los detenidos como
responsable de los mismos.
·
Las declaraciones de los testigos que reconocen a los detenidos
como responsables de los hechos, nacen a partir de las publicaciones de prensa
del día 3 de mayo del 2012.
·
Hay declaraciones
contradictorias, ya que en las misma hora ubican a los nueve detenidos en dos lugares diferentes que
están a un kilómetro y medio de distancia[1].
Todo estos hechos fueron
mostrados y demostrados desde esos momentos en el informe de Verificación de la
situación de Derechos Humanos realizado por la Convergencia Nacional Maya
Waqib' Kej; el de la Unidad de Protección a Defensoras, Defensores de Derechos
Humanos – Guatemala; y el amparo interpuesto por la defensa de los detenidos en
contra del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos
contra el Ambiente del departamento de Guatemala, en la Sala tercera de
apelaciones del Ramo Penal presentada el 2 de junio del 2012.[2]
Sin embargo, tuvieron que pasar ocho meses para que se tuvieran en cuenta
Tergiversando la ley
A estas personas se les
acusó de delitos como atentado, asociaciones ilícitas, robo
agravado, plagio o secuestro, detención, ilegal, allanamiento con agravación
específica coacción y terrorismo, instigación a delinquir y desorden público,
todo ello sin fundamento alguno.
Se está usando las figuras
delictivas de actividades ligadas al narcotráfico de manera totalmente
tergiversada. Este hecho es de suma importancia, pues muestra una de las formas
utilizadas por parte de las autoridades, empresas y medios de comunicación
corporativos para crear una falsa realidad sobre los conflictos sociales
provocados por la imposición de las empresas y sus intereses afectando a la
población que vive en el mismo territorio, creando las condiciones para
minimizar la oposición y la resistencia a esta nueva agresión y forma de
acumular capital mediante el despojo y el saqueo.
Por eso es muy importante
evidenciar que se ha tratado y se trata como delincuentes y terroristas que hay
que encarcelar a personas que se organizan y que ejercen sus derechos
ciudadanos.
Porque éste es un caso de
persecución contra una población que aglutinada en una asociación u
organización de carácter comunitario se opone al proyecto de la Ecoener
Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz y que simplemente expresa su opinión y su
visión sobre el desarrollo, partiendo de la defensa de la vida y en este caso
del agua.
Ninguno de los presos políticos
cometió ningún delito. Son inocentes tal y como quedó por fin demostrado en la
resolución que emitió Luis Fernando Pérez Zamora titular del
Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Medio
Ambiente, de Santa Eulalia, Huehuetenango los días 19 de septiembre, 14 de
noviembre de 2012 y el 9 de enero de 2013.
Aún quedan muchos pendientes para
que vuelva la paz a Santa Cruz Barillas
Durante más de ocho meses
estas personas estuvieron injustamente encarceladas y consideradas como delincuentes
a todos los efectos. Se tiene que hacer justicia por los delitos
cometidos en contra de ellos, sus familiares y las comunidades completas de
este municipio. Es preciso pensar en que se tomen medidas de reparación por los daños causados por este injusto
encarcelamiento.
Continúa la persecución
penal en contra de más de 20 personas, que desde el día abril de 2012 fueron
también injustamente acusadas y desde entonces no han podido regresar a sus
casas. Su situación debe aclararse como ocurrió con los recientemente
regresados, para que su nombre quede limpio y puedan retornar a su vida normal
junto a sus familiares. También deberían ser resarcidos por todos los daños sufridos
por una acusación injusta.
Todavía
no se ha aclarado el asesinato de Andrés Francisco Miguel, y el
atentado armado en contra de Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé. Pese a que
los culpables están en manos de la justicia desde finales de mayo de 2012, no
se ha avanzado en su juicio y los abogados de la empresa sí que acosan a los
familiares para que retiren las denuncias.
La empresa sigue usando métodos
violentos para contrarrestar la oposición a su actividades: cuando el pasado 22
de diciembre varios miles de personas se opusieron públicamente a la firma del
convenio de la municipalidad de Barillas con la empresa, uno de los voceros fue
amenazado de muerte por el “operador político” de la empresa, el militar Juan
Garrido.
La respuesta de los barillenses fue
escribir un memorial que entregaron a las autoridades municipales y centrales
para explicar sus demandas. Se debe escuchar la voz de las comunidades de
Barillas que se han opuesto a estas actividades que no les benefician en
absoluto. El Gobierno debe atender a sus ciudadanos como sujetos de un derecho
que han expresado siempre desde la legalidad; y dejar de defender a una empresa
que siempre se ha movido con prepotencia, violencia y absoluta falta de respeto
por los pobladores de Santa Cruz Barillas.
[1] De León, Quimy y González Cecilia. Santa Cruz Barillas, los intereses detrás de un Estado de Sitio. Revista Dialogo FLACSO. 22 de Julio de 2012.
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