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| Fotografía Cristina Chiquin/Sergio Belteton, abogado de la defensa muestra amparo presentado |
El día 19 de junio se presentó
un amparo contra la jueza Carol Patricia Flores, del Tribunal de Mayor Riesgo
A, por haber realizado una audiencia de prueba anticipada y haber emitido
órdenes de captura ilegales contra 18 líderes comunitarios de Mataquescuintla,
Santa María Xalapán, Jalapa y San Rafael las Flores.
Dentro de estas órdenes de
captura se encuentra la de Roberto González Ucelo, Presidente del Parlamento Xinca y Mayordomo de la Junta Directiva de la
comunidad de Santa María Xalapán.
Sergio Beltetón, abogado del Comité de Unidad Campesina y parte de la defensa técnica de Roberto Ucelo,
habló sobre las ilegalidades cometidas
por la jueza Carol Patricia Flores a
instancias de la Fiscalía de Crimen Organizado del Ministerio Público, llevada
por el fiscal Rony López.
Dentro de las ilegalidades cometidas se encuentra que el Tribunal de
Mayor Riesgo A no tuvo que haber emitido las órdenes de captura, debido a que
estaban fuera de su jurisdicción. Por otro lado se quería establecer que los y
las lideres comunitarios perseguidos eran parte del crimen organizado utilizando términos sin fundamentos
como clasificarlos de la “Banda de los antimineros”. Pero estar en contra de la
minera no es un delito.
“Estas anomalías significan violación a los derechos constitucionales,
a un debido proceso, y al derecho de defensa; y en consecuencia
procede que se dejen en libertad. Ése es el objeto del amparo”
La similitud de este caso con otros casos de criminalización, como lo sucedido en Santa Cruz Barillas, es evidente:
se emiten listas de personas que
dan las empresas identificando a los líderes de las comunidades que luego son
criminalizados.
El Abogado Rafael Maldonado del
CALAS Y parte también de la defensa técnica explicó:
“La realización de una prueba anticipada con los supuestos policías detenidos,
ante una jueza que no le correspondía conocer es anómala, ya que el caso fue en Jalapa y el anticipo de prueba lo hace el Tribunal de Mayor riesgo A de
Guatemala.
Ordenar la aprehensión de las
personas antes mencionadas en base a ese anticipo de prueba que posteriormente
se pierde dentro del Tribunal de Mayor Riesgo A, es totalmente ilegal”
La audiencia que fue extraviada también tuvo la anomalía de que fue a
puerta cerrada. El Ministerio Público ha jugado un papel de persecución y criminalización
en contra de los líderes, ha permitido
que la policía mienta, y ha irrespetado el principio de objetividad a tal grado que al día de hoy no se han
practicado las pruebas descargo que la defensa técnica ha querido presentar.
Actualmente se tiene ilegalmente detenidas a 5 personas:
Guillermo Carrera Albizures, Gustavo Cruz, Laura Vásquez, Gilberto Lima y
Cristian Morales Pivaral.
La jueza Carol Patricia Flores se inhibió del proceso, y éste fue trasladado a Jalapa. Sin embargo
la defensa técnica en el amparo presentado solicita que se declare lo penal
conducente contra la jueza por la forma anómala
que actuó:
“Ella tenía conocimiento de que la prueba no existía, que la habían desaparecido
dentro de su mismo Tribunal. Ella misma
levantó un acta de la desaparición del disco y sin embargo el día que liga a
proceso y manda a prisión preventiva a
los sindicados, se fundamenta en esa prueba anticipada desaparecida. Eso en
este país y en todo el mundo es abuso de autoridad”
“La criminalización de las y los pobladores que defienden su territorio
es evidente en un caso como esté, donde el Presidente Otto Pérez Molina dicta
un estado de sitio para acallar la protesta de las personas que se oponen la actividad minera, los estigmatiza y los
criminaliza. Todas las órdenes de allanamiento que se dieron en el estado
de sitio, el 100%, fue de personas que pertenecían al comité en defensa de la
vida de San Rafael las flores”
De esta manera se observa como el gobierno actuó una vez más a favor de
empresas trasnacionales, criminalizando la lucha por la vida y el territorio.
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