PRENSA COMUNITARIA
Declaraciones de Sergio Vives, abogado defensor de Rubén
Herrera. 16 de marzo 2013
Rubén Herrera está sindicado en dos procesos. En el proceso
176-2011 a cargo del oficial segundo del juzgado de primera instancia penal, narcotráfico
y delitos contra el ambiente de Santa Eulalia Huehetenango; y también en el
proceso 65-2012 en ese mismo juzgado.
El caso de la supuesta
retención a los trabajadores
En el proceso 176-2011, Rubén está sindicado de detenciones
ilegales, amenazas e instigación a delinquir, ocurrido en el mes de octubre de
ese año. Hubo un conflicto entre pobladores y trabajadores de la empresa Hidro
Santa Cruz que estaban haciendo algún
tipo de exploración en terrenos de la comunidad de ese lugar y las personas
fueron retenidas por ser extrañas. Estamos hablando del año 2009, todavía no tenían
autorización en este sitio entonces eh, incluso aun no estaban comprando
tierras ahí. Las personas, por ser extraños los detienen y les preguntan ¿qué
están haciendo?, ¿cuál es el motivo por el que han entrado? Y eso lo toman como
una detención ilegal. Las cosas se fueron complicando por la forma agresiva que
adoptaron los trabajadores, pero especialmente un español que estaba haciendo
trabajos de ingeniería. Al ser retenidos avisan, y Rubén como es un líder de
la sociedad civil, y también defensor de derechos humanos, les pide que por
favor no los hagan nada.
Estando ahí, los ánimos están bastante caldeados -recordemos
que Huehuetenango es uno de los departamentos que más número de linchamientos
ha registrado- y él logra calmar a las personas, pero lo que nos cuentan, es que
les pide (a los trabajadores) que por favor guarden silencio, que se callen, porque
todos están en peligro. Esto lo toman ellos como amenaza y cuando logra (Rubén) que los libere, entonces los empleados de la empresa asumen que los ha retenido.
En el año 2012 intentamos en tres oportunidades presentarlo,
pero se suspendieron las audiencias sin motivo aparente, el motivo aparente era
imposibilidad de juez para recibirlos, en un caso tenía mucho trabajo, otra vez
que se enfermó y la otra pues que no podía, que reprogramó. Entonces la
audiencia era para el día tres de mayo, pero con los hechos ocurridos el día
uno, se vio que no era conveniente presentarlo a declaración, por la forma de
las capturas y la irregularidad que
se estaba viviendo en Barillas, este es el motivo por el que ya no se presentó.
Lo que quiero resaltar es que desde el mismo momento que inician los problemas,
que Rubén es citado, se ha presentado voluntariamente dos veces y sin embargo las órdenes de captura
permanecen ahí.
El caso de la supuesta quema
de la maquinaria
El proceso 65-2012 dice que hubo cuatro personas detenidas y
hay alrededor de 20, 23 órdenes de captura vigentes. Una de esas fue la de
Rubén y, se refieren a la detención de un convoy, que también se quería
introducir en esos terrenos, y los detienen, y el convoy al día siguiente o dos
días -eso no está claro- es incendiado por personas desconocidas.
Si sabemos que Rubén tenía una orden de captura y que no había
podido presentarse al tribunal, que ya se había acreditado en Barillas al
juzgado y que estaba trabajando en otro lugar, pues que es imposible que él
haya participado en los hechos. Efectivamente se trata de estas estrategias de
inmovilización de líderes y desarticulación de líderes y movimientos sociales.
Entonces también se emite una orden de captura en la que está Rubén.
Recordemos que en el proceso se dieron vicios, tales como la
promoción de una diligencia ilegal por parte de la Fiscal que motivó las
órdenes de captura más pero que luego se demostró que era un procedimiento
irregular. También una violación a un proceso por el Ministerio Público, y se
revocaron esas órdenes de aprehensión por otra parte los cuatro procesados en
ese caso y el juez otorgó la clausura provisional. Y como la ley ordena la
inmediata suspensión de todas las medidas de coerción personal, con ello recobran
su libertad los procesados. Así es como se encuentra este proceso, que no ha
llenado los requisitos para poder abrirse a proceso. Pero mantienen las órdenes
de aprehensión y no sabemos por qué ha realizado una captura directa, en la
salida de su casa por parte el agente de
la división de investigación, especial de investigación criminal.
La detención
La captura da como un procedimiento normal, sin vulnerar
derechos ni garantías y es puesto inmediatamente a disposición del juzgado de
Huehuetenango, sin vulnerar derechos ni garantías. Se cumple presentarlo al
tiempo establecido y ahora ya este expediente se ha llevado a primera instancia
a Santa Eulalia y va a ser escuchado creemos que el día martes. En ambos casos la
empresa aparece como querellante. Entonces se les va a notificar para que se
presenten en esa audiencia. Aunque seguramente ya lo sabe, porque estamos
seguros que fue (la empresa) quien promovió la detención, por la presencia de
empleados o personal de la empresa en el Juzgado de paz de Justicia de Huehuetenango
el día que fue notificado.
Hubo una comunicación a la fiscalía, pidiendo y recomendando
que Rubén fuera trasladado a una cárcel en Guatemala o Quetzaltenango, debido a
que tenían información de que en Barillas y en Quiché se están organizando
contingentes de personas, para venirlo a liberar. Eso es parte de esa sucia campaña
para embarrar a los líderes políticos .
Vamos a hacer varias cosas. Una es que pudiéramos demostrar
con base en el proceso anterior que no existen los delitos graves que se les sindicaron
a los otros y que entonces existe la posibilidad de brindarle una medida
sustitutiva. Esperamos que lo escuchen en los dos procesos, esto es lo más
importante.
El caso en el contexto
actual
Recordemos que este caso se suma a toda una serie de actos
que está sufriendo el movimiento social y sindical en Guatemala. En el caso de
la Puya fueron citadas ocho personas de
los cuales sólo cuatro son conocidos en el lugar, para brindar declaración como
sindicados por un supuesto caso de lesiones, detenciones ilegales y amenazas. Los
mismos delitos, parece que esos delitos fueran exclusivos de activistas
sociales. No se presentó el Ministerio Público y está nuevamente fijada la
fecha para el 4 de abril. Otro caso es el asesinato de Cahabón. Otro más es el
asesinato de Carlos Hernández en Jocotán, opuesto al funcionamiento de una
hidroeléctrica, del Frente Nacional de Lucha sindicalista de Salud Pública y
líder comunitario, también muy involucrado en el tema de transparencia en el
consejo de desarrollo. Y otro líder de CONIC otro líder campesino, es asesinado
aquí en Sololá.
Tenemos procesos bastante complicados, con una tendencia de
criminalización, persecución que coinciden con los ofrecimientos del Presidente
en su viaje por España, pues que ofreció el país como un lugar atractivo para
las inversiones y ofrece la seguridad de sus inversiones verdad.
Y por otra está retomándose el tema de la consulta, de los
mecanismos para regularizar las consultas comunitarias bajo la estrategia de
negociación, desnaturalizando con ello la consulta. Poniéndolo como un
mecanismo de negociación para reunir a las partes en la realización de los
proyectos, limitando la participación directa de los habitantes, sino haciéndolo
a través de los representantes en espacios liderado por los funcionarios de
gobierno en el que participan las empresas también. En las últimas semanas ha
tenido una visita de delegaciones peruanas promoviendo y dando a conocer la ley
de consulta de Perú, que incluso ha causado serios problemas en la implementación
de su reglamento y que claramente no contiene el derecho, como ellos lo llaman de
oir. Entonces sí vemos ya hay toda una estrategia para promover en Guatemala la
limitación también del derecho de consulta.
Todos estos casos surgen en torno a la imposición de
proyectos foráneos a las comunidades de generación de energía eléctrica, e
incluso del corredor seco allá en Barillas. Entonces no es una casualidad tanto
caso en tan corto tiempo.
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