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lunes, 29 de julio de 2013

Nuevo amanecer para la resistencia pacífica en Santa Cruz Barillas

Pernilla Nordwell -Prensa Comunitaria. 

Publicado en desInformemonos.org 

"Los planes para instalar una hidroeléctrica en territorio comunitario son respondidos con un plantón pacífico de los campesinos guatemaltecos, a quienes la represión no da descanso." 

Huehuetenango, Guatemala. Para impedir la entrada de los trabajadores de la empresa Hidro Santa Cruz, que persiste en su intención de construir una hidroeléctrica en Barillas a pesar del contundente rechazo de la población, los comunitarios instalaron un plantón pacífico en el camino. El gobierno insiste en perseguir judicialmente a estos defensores del territorio y culparlos de los hechos violentos suscitados desde mayo de 2012.

“No queremos guerra, no queremos más muertos y no queremos que nos persigan. Tomamos una decisión conjunta y el siete de abril nos bajamos aquí”, explica Micaela Gonzáles, una de las participantes en el plantón pacífico en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, Guatemala. Este lugar ahora lleva el nombre Nuevo Amanecer.

El plantón pacífico para impedir que la empresa Hidro Santa Cruz S.A. instale una hidroeléctrica en el área está ubicado sobre el camino comunitario, es decir, una vía cuyo dueño es la comunidad. Por este mismo camino, el comunitario Andrés Pedro Miguel fue asesinado en 2012. Según testigos, los responsables del atentado son personas que trabajaron para la seguridad privada de la empresa.

“Aquí siempre pasan policía y militares para cuidar a la empresa, y es el camino más directo para llegar a donde quieren instalar la hidroeléctrica. Por eso las compañeras que pasan por este camino tenían miedo”, informa Gonzáles.

Inspirados por la Puya

La decisión de hacer un plantón se tomó dentro de la comunidad y se forjó a base de varios intentos de recuperar el paso del camino. “Nosotros nos preguntamos, ¿qué podemos hacer como sociedad civil para que los trabajadores de la empresa ya no pasen en nuestro camino?  Primero intentamos hacer en el camino un zanjón, pero unos días después la empresa lo arregló y empezaron a pasar otra vez”, relata Gonzáles.

Después de intentar la construcción de otro zanjón, los comunitarios se dieron cuenta de que era necesaria una solución más permanente. Ahora están organizados en equipos que realizan turnos por comunidad para que siempre haya alguien que esté vigilando y cuidando el camino.

“Escuchamos que hay compañeros en La Puya, en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, una comunidad lejana, que están en una manifestación pacífica. Esta idea nos inspiró; decidimos hacer un plantón y construimos esta casita en este lugar donde estamos en resistencia pacífica” explica la comunitaria.

Rechazo y represión

La población resiste los planes de Hidro Santa Cruz para construir una hidroeléctrica desde hace años. En 2007 se realizó una consulta comunitaria de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la que la población fue consultada acerca de su actitud hacía minería y otros proyectos de gran escala. Un total de 46 mil 479 personas rechazaron este tipo de proyectos en sus tierras, mientras que nueve personas dieron su consentimiento.

A pesar del rotundo rechazo, la empresa empezó su instalación a partir del 2009. El primero de mayo de 2012, Andrés Pedro Miguel fue asesinado y dos personas fueron heridas.  En este mismo contexto hubo una serie de hechos violentos protagonizados por un grupo de personas desconocidas. Después del ataque, el presidente Otto Pérez Molina ordenó un Estado de sitio que ha sido fuertemente criticado. Se culpó al movimiento social comunitario de estos hechos, pero la mayoría de estas personas afirman que su lucha es pacífica y que en todo momento han acudido a las autoridades para que se resuelva el problema.

Persecución jurídica

A principios de mayo 2012, 11 personas fueron detenidas en relación con los hechos violentos de mayo de 2012. La Organización de las Naciones Unidas comprobó que estas detenciones fueron ejecutadas por particulares, lo cual significa que fueron ilegales y arbitrarias. Después de ocho meses de prisión preventiva, los defensores del territorio salieron libres en una audiencia que se celebró en Santa Eulalia en enero de 2013. En la audiencia, se dio un plazo de seis meses al Ministerio Público para concluir la investigación. Sin embargo, la audiencia pendiente ya fue anulada dos veces y, por lo tanto, el caso permanece sin conclusión.

Además de las personas detenidas, hay otras que son perseguidas y tienen órdenes de captura;  todavía hay más de diez órdenes vigentes. En el caso de Rubén Herrera, la primera orden de captura salió en 2010 y él fue detenido afuera de su casa el 15 de mayo de 2013. En la audiencia, que se celebró el 30 de mayo, el juez Miguel Ángel Gálvez concluyó que las evidencias en contra de Herrera eran insuficientes y, por lo tanto, aceptó la solicitud del Ministerio Público para la clausura provisional del caso. La empresa, como querellante del caso, apeló la decisión de la Corte, pero esta apelación fue rechazada el 22 de julio.

Publicado el 29 de julio de 2013





lunes, 17 de junio de 2013

“El Estado de Guatemala tiene que sondear muy bien las comunidades. Si no, se van a volver a repetir los mismos errores



Entrevista a Monseñor Álvaro Ramazzini sobre la situación en Barillas y los conflcitos con las empresas extractivas

Santiago Bastos - Prensa Comunitaria. *



La sociedad civil organizada por la Defensa de la Vida y el Territorio de Barillas siempre ha intentado mantener un diálogo con las autoridades para resolver la conflcitividad que se vive en esa villa desde la llegada de la empresa española Hidro Santa Cruz. En esa línea, el día 10 de junio se preparó una reunión con representantes del Ministerio de Energía y Minas MEM, la gobernación departamental, y la Mesa Nacional de Diálogo con la intermediación del obispo Monseñor Alvaro Ramazzini, reunión que se convoco junto a las comunidades en el centro de Barillas”.  El objetivo de esta reunión era abordar “la conflictividad generada a partir de la instalación inconsulta del Proyecto Hidroeléctrico Cambalam I, de  la empresa española Hidro Santa Cruz Sociedad Anónima”.[1] 

Pero comunitarios denunciaron que la autoridades "se burlaron una vez más del pueblo de Barillas", cuando el Gobernador departamental de Huehuetenango manipuló la información y organizó una reunión diferente en la cabecera del departamento para la misma fecha, con los mismos funcionarios y con personas afines a la empresa hidroeléctrica -las llamadas asociaciones microregionales y algunos COCODEs[2]- pretendiendo excluir a la sociedad civil y utilizando el nombre de Monseñor Alvaro Ramazzini sin su conocimiento.[3]   

De hecho, en la reunión se minimizó el conflicto generado por la empresa Hidro Santa Cruz, y se centró en el regreso de la Policía Nacional Civil.[4] Desde hace días se viene creando un escenario que hace parecer que este municipio se encuentra en una situación de “ingobernabilidad” que amerita la presencia policial. 

Esta estrategia de criminalización de la lucha social justifica por parte del Estado el uso de la fuerza y la mediatización del “dialogo” como forma de imponer a la empresa y desmovilizar a la población. 

La Asamblea de Pueblos de Huehuetenango por la Defensa del Territorio – ADH, también denunció que ésta es una maniobra que “pretende dividir a la población promoviendo reuniones aisladas confundiendo a la opinión pública, mezclando el problema de seguridad con las demandas legítimas de las comunidades contra la Hidro Santa Cruz”[5]

Monseñor Ramazzini es Obispo de Huehuetenango y previamente lo fue de San Marcos, donde sostuvo un postura firme en contra de las actividades mineras en su diócesis. Desde su llegada a Huehuetenango fue buscado con esperanza por la Sociedad Civil de Barillas y por eso actuó de mediador, o como dice Prensa Libre, fue “quien promovió el proceso de diálogo”[6]  

Tras esta reunión, Prensa Comunitaria le pidió una entrevista, pues creemos que es necesario conocer su ideas por su experiencia y por el importante papel que ya está empezando a jugar en Huehuetenango. En la conversación que reproducimos, Monseñor Ramazzini nos da sus particulares opiniones y percepciones sobre esta reunión, el conflicto que se vive en Barillas, y en general las formas en que debería enfocarse la actividad de las empresas y el papel del Estado.

Santiago Bastos, Prensa Comunitaria: Queríamos preguntarle cómo había sido la reunión que ha ocurrido hoy en Huehuetenango. Sabemos que estaba prevista inicialmente en Barillas y no en Huehuetenango; y nos dijeron que para convocar, el Gobernador había hablado en nombre de usted de una manera que usted no la había autorizado…

Álvaro Ramazzini: Bueno, eso ya se aclaró. Yo ya no quisiera tocar ese punto, porque el Gobernador aclaró las cosas. Dijo que habían recibido una convocatoria donde yo aparecía que iba a presidir la reunión, pero a mí no me habían dicho nada porque yo estaba fuera del país y regresé hasta ayer. Yo no sabía nada, entonces yo sí quise que esto se aclarara porque mi papel no era presidir la reunión, no me tocaba a mí. Pero repito el Gobernador aclaró y que había sido un mal entendido y ahí quedo todo tranquilo

PC: ¿Entonces su papel en todo este proceso ha sido de mediador ?

AR: Bueno el papel mío ha sido de tratar de acercar a las personas para que dialoguen, que se escuchen unas a otras y juntos ir encontrando las soluciones a esa problemática. Yo, como soy nuevo a aquí en este departamento, no conozco mucho de la historia precedente, trato de informarme y escucho unas versiones y otras; por eso me convenzo cada vez más de que mi trabajo es buscar puntos de encuentro.  

Creo que en la reunión de hoy eso se logró porque hubo oportunidad de los representantes de los COCODEs de segundo y primer nivel que pudieran escuchar a los representantes de los COCODEs del casco urbano y también a los representantes de la Sociedad Civil que representan ellos. Entonces fue una oportunidad de intercambiar, de aclarar algunas situaciones. También hubo una intervención del Juez de Paz que ayudó a iluminar el contexto histórico  de lo que se ha vivido y de lo que se está viviendo. Y luego también con la presencia del Gobernador que tuvo un carácter de oficialidad que me parece importante para no perder de vista la institucionalidad del país; y también hubo una presencia de la viceministro del Ministerio de Energía y Minas que ayudó también a aclarar las cosas y a facilitar la continuación del dialogo. Ahora el ministerio de Energía y Minas comenzará a hacer un trabajo de campo con las comunidades para sondear la situación, escuchar las opiniones y yo espero que éstos que participaron en la reunión sigan manteniendo el dialogo pero ya aquí en su propio municipio, digo aquí porque yo estoy ahora en Barillas, para cumplir con mi trabajo pastoral verdad.

PC: Entonces ¿cómo resumiría usted la problemática que se está dando en Barillas, ¿Qué es lo que ha llegado a captar, con su experiencia en otros conflictos y en otras situaciones?

AR: Yo pienso que desde el principio no hubo una buena información. En segundo lugar, como siempre, la practica ha sido que las empresas llegan y comienzan a realizar su proyecto diciendo “ya tenemos permisos legales del gobierno central”; pero no toman en cuenta ahora que hay mucha sensibilidad en las comunidades sobre los proyectos que traen, porque quieren saber cuáles van hacer los beneficios reales para las comunidades.  

El tema es también que no se ha resuelto el problema de la energía eléctrica de las tarifas, la ley de electricidad no se ha cambiado, no hay una  ley que aplique Convenio 169. Todo eso hace más difícil la situación, porque viene una empresa, comienza a hacer todo, y no habido una información previa sobre qué quiere. El Gobierno central no informa, no dice, no aclara, no señala los beneficios reales para la población; las empresas no dicen el monto de sus inversiones ni de sus ganancias, y todo eso va creando un mal ambiente. Entonces la percepción mía es que eso fue lo que pasó ¿no?  

Y desde luego no hay una presencia de las autoridades constantes, permanentes. Entonces el asunto se complica mucho más, porque estamos en un país en el que muchas personas no conocen ni siquiera la ley, menos aún las cumple. Entonces no hay un Estado de derecho que funcione ni tampoco hay un Estado que esté presente en los últimos rincones del País. Ya ahorita viniendo para aquí me doy cuenta que la carretera de San Mateo Ixtatán para acá ya está acabándose, y eso no puede ser. Éste es un municipio que tiene mucha pujanza económica, mucho vigor y estamos hablando de más de 143 000 personas. No puede ser eso sí hay una ausencia del Estado permanente. La gente no tiene el concepto de institucionalidad.  

Si no hay una política de información en el tema de las inversiones extranjeras se crea mucha confusión y si a eso se añade que las empresas vengan y amparadas por que al final legalmente así es ¿no? de que tienen los permisos dados y comienzan a actuar, entonces hoy por hoy yo creo que eso no puede ser. Y eso es una de las cosas que esta mañana la Viceministra señalo: que están buscando transparencia, que están buscando información y que están buscando también el beneficio de las comunidades más empobrecidas. De manera que quieren también hacer conciencia en los inversionistas que no se trata sólo de venir aquí hacer negocios y ganar a como sea, que ha sido la mentalidad de algunas empresas.

PC: La Sociedad Civil de Barillas lleva tiempo diciendo que ahora mismo la única solución es que la empresa se vaya porque, como usted decía, llegó de sin respetar y luego ha estado intimidando, violando los derechos,  además de las responsabilidades que se le apuntam en la muerte de don Andrés Francsico. Por eso, han llegado a un punto que dicen si no se va la empresa aquí no hay solución ¿Usted qué plantea ante eso? 

AR: Yo aquí planteo que está de por medio el tema de la legalidad y fue precisamente una de las preguntas que yo le hice a la Viceministra: si legalmente se puede rescindir un contrato de esta naturaleza, porque es un  contrato que el Gobierno de Guatemala ha hecho con una empresa. Y ella respondió que si no hay una base, un fundamento legal, es difícil romper un contrato de esta clase y que por lo tanto tiene que comenzar ahora un trabajo de verificación. Porque, por ejemplo en el tema de los asesinos del líder, todavía no se ha resuelto. El juez ahí señaló que esa persona fue asesinada no porque no quería vender… porque él no tenía tierra. El juez dijo hay que aclarar esto.  

Es decir, yo creo que aquí lo importante ahora es que los que no quieren el proyecto con los que dicen que quieren, pues que ellos se pongan de acuerdo. Y aquí yo creo que tiene que haber una mediación muy directa de las autoridades municipales, por que al final son ellos quienes representan al municipio y deben de buscar el bienestar del municipio. Yo eso es lo que veo, porque al final hay muchos que dicen que sí, hay muchos que dicen que no. ¿Cómo se va a logra salir de ese impasse?, tienen ellos que dialogar y encontrar los puntos de acuerdo fundamentales para que pueda haber armonía y paz. 

Otra ventaja de la reunión de hoy fue que se aclararon algunos malentendidos que había habido entre los representantes de los COCODEs de segundo grado y entre los representantes COCODEs del casco urbano y la Sociedad Civil. Los COCODEs de segundo grado les dijeron claramente: “eso no es verdad, nosotros no tenemos ningún compromiso con la empresa y aquí se lo decimos públicamente”. Y van hacer una conferencia de prensa la semana entrante para aclarar eso. 

Y luego también se llegó al consenso que al final las partes estaban de acuerdo en pedir que regrese la Policía Nacional Civil, pero para que cuide al pueblo y no para que cuide los intereses de la empresa, eso también se aclaró en la reunión.

PC: Sí, por lo que sabemos, la cuestión de Policía Nacional Civil es un tema que entro más tarde al asunto. Pero la gente de la Sociedad Civil se queja de que ya sea la Policía Nacional, ya sea el Gobernador, incluso la Municipalidad, finalmente lo que hacen es defender los intereses de la empresa y no de los suyos. ¿Qué decía ante eso la Municipalidad?

AR: No había nadie de la Municipalidad. Es que ése es un problema, que hay un vacío de responsabilidad por parte de la Municipalidad, ahí no hubo ni un representante de la municipalidad.

PC: Entonces ¿cuál es el papel que asumió el Gobernador en este caso?

AR: ¿El papel que él asumió hoy? Pues fue el de escuchar y el de moderar, el de dar la palabra.  Y luego el de decir que se encargaría de enviar la petición de la población sobre el deseo que tienen de que haya seguridad aquí, que haya paz al Presidente de la Republica para tomar las decisiones pertinentes.  En realidad tampoco esa es función de un gobernador ¿no? Lo que veo aquí es que hay un vacío por parte de la autoridad municipal y eso tiene que ser resuelto y eso se le pidió ahí a la Viceministra: que ellos utilizaran buenos oficios para convencer al alcalde de que intervenga a invocar solución a esta problemática. 

Pero si recuerda usted, justo entre diciembre y enero, hubo una serie de reuniones precisamente entre la Sociedad Civil y la Corporación municipal en que la Sociedad  Civil apoyaba la corporación porque en ese momento parecía que el alcalde estaba dispuesto apoyarles en la petición de la empresa. Pero en aquel momento hubo un momento en que el alcalde dijo: “miren yo no les puedo seguir apoyando -creo que por ahí tengo las palabras exactas- porque desde el gobierno central me están presionando para que les diga que si a la empresa”.  

Esos detalles yo no los sé, es decir no me constan y no me gusta ser juicio sobre lo que no me consta. Es decir yo lo que pienso es que hay un Código Municipal que debe de ser ejecutado y que la Municipalidad debe atenerse a su propia normativa para que puedan cumplir lo que tiene que hacer, para lo que fueron electos ¿no?

PC: ¿Hacia dónde cree entonces que tiene que llevar esta negociación? ¿Queda la idea inicial de que las negociaciones se hicieran de frente y públicamente en Barillas, que esa era un poco la idea de la reunión que no se hizo?

AR: Bueno yo pienso que ésa es la negociación, la que iniciamos. 

PC:  Por eso. Tal y como está planteada, la negociación es un asunto de buena voluntad. Pero no se ve tan clara si, por ejemplo, se dice que la muerte don Andrés no tenía nada que ver con la empresa, y fue el jefe de seguridad….

AR: No, yo no digo eso. Yo lo que digo es que dijeron que hay que esperar la sentencia.

PC:  Usted sabe que hubo personas que estuvieron presas durante casi un año y que hay pruebas de que hubo una aplicación muy parcial de los procedimientos por parte de las autoridades judiciales. Entonces todo esto lo que lleva es cómo finalmente que las autoridades van cortando las posibilidades de solución que son reclamadas por la población ¿Cómo ve usted eso? Pensando en el futuro ¿hasta dónde puede llevar un diálogo como esté?.

AR: No, yo lo que digo es que la Viceministro hoy dijo era que los temas judiciales su Ministerio no entran y tiene razón ¿verdad? Es decir, que hay que asegurar que el Organismo Judicial cumpla, tanto el Ministerio Público como los jueces.  

El punto está ahora que en un futuro va a ser muy importante que se informe a las comunidades por parte del ministerio por parte del Ministerio de los proyectos que se puedan hacer, que las comunidades sepan los montos de las inversiones, las ganancias de las inversiones, los beneficios de las inversiones tales para ellos, y que sobre todo esto se haga de una manera pública. Y ahí es donde yo veo en varios municipios el pilote tiene que ser el Consejo Municipal y el alcalde en una comunicación muy directa con la población que está representada en los COCODEs y también el representante de la Sociedad Civil y también el representante de las empresas que quieran hacer el proyecto.

PC:  En todo estetiempo que usted ha estado de mediador, de facilitador ¿la empresa Hidro Santa Cruz ha intervenido de alguna manera?, ¿ha estado presente en las negociaciones, en todo este dialogo que usted ha llevado?

AR: No para nada. Yo sí tuve un encuentro personal con el dueño de la empresa, pero fue una entrevista que él me pidió y como yo siempre escucho a todos, acepté escucharlo pero sencillamente eso. Más bien la empresa tiene una relación directa con el Gobierno ¿verdad? porque es con él con quien ha hecho el contrato, digamos.

PC: Usted dice que a partir de ahora, las autoridades y las empresas van a tener que actuar de otra manera, ¿qué es: llegando y dando información y todo?

AR: No tanto las empresas, sino que aquí el Estado de Guatemala tiene que tomar su papel de regulador y antes de tomar decisiones, de dar contratos, tiene que sondear muy bien las situaciones de las comunidades. Si no, se van a volver a repetir los mismos errores.

PC: Y en casos como estos -que no sólo es Barillas, hay otros casos en el país- en que ya la conflictividad está instalada y hay resentimientos ¿Cuál podría la solución? Un senador español decía “pues a lo mejor a estas alturas empresas como Hidro Santa Cruz tendrían que pensar en que ahí no va ser viable llevar a cabo su inversión y a lo mejor les merece la pena salir sin que tenga que ser legal o no legal, sino como una solución propia” ¿Cómo ve usted que la empresa piense en quedarse y la gente diga que hasta que no se solucione no se mueve el plantón? ¿Cómo ve al final en estos casos?

AR: Ahí la única solución es el dialogo y la negociación. Una negociación donde las partes, es decir, las poblaciones se sientan realmente tomadas en cuenta y escuchadas. Porque también las percepciones que tienen las poblaciones es que no son escuchadas, que solamente vienen y por parte de la empresa dicen “bueno ya tenemos la licencia, tenemos los permisos y ya lo vamos a comenzar a construir”. Esa modalidad ya no puede seguir funcionando.

PC: Con negociaciones y reuniones como las de hoy, ésa era la impresión que nos transmitían la gente de la Sociedad Civil de Barillas. Nos decían: “habíamos preparado una reunión aquí en Barillas abierta y nos la cambian con gente que no es representativa, se la llevan a Huehuetenango” 

AR: Aquí también está de por medio la división misma que hay en la población. Haga de cuenta que no hay una buena comunicación entre los COCODEs y los representantes de la Sociedad Civil y al final ahí uno dice “pues bueno ¿qué fue lo que paso?” Porque los mismos representantes de los COCODEs de segundo grado decían que tenían temor de los otros, porque había habido algún momento en el que había habido violencia por parte de los otros. Los otros dicen que no es así y entonces uno no puede intervenir. Debería uno haber estado ahí en el lugar para saber quién está diciendo la verdad al final. Ése es un punto muy difícil en esto.

PC:  Bueno Monseñor, Una pregutna final ¿cómo fue que usted entró a participar como mediador, como facilitador o como alguien que intenta acercar posturas?, ¿en qué momento entró usted en este proceso?

AR: Eso fue desde el año pasado cuando apenas yo vine aquí y algunas personas se me acercaron para decirme que tenían orden de captura y qué se podía hacer por ellos. Entonces yo hice contacto junto con el licenciado del Ministerio Publico para que se arreglara el problema de ellos. Así fue como me fui metiendo poco a poco.

* Esta entrevista en una versión diferente, ha sido publicada en Desinfórmemonos. Periodsmo desde abajo: http://desinformemonos.org/2013/06/si-el-estado-guatemalteco-no-consulta-a-las-comunidades-se-repetiran-los-conflictos-monsenor-alvaro-ramazzinni/

 [1] “Funcionarios de gobierno se burlan una vez más del pueblo de Barillas. Comunicado La sociedad civil organizada por la Defensa de la Vida y el Territorio en Barillas.  Santa Cruz Barillas” 11 de junio 2013. http://comunitariapress.blogspot.com/2013/06/funcionarios-de-gobierno-se-burlan-una.html.
[2] Los Comitès Comunitarios de Desarrollo –COCODEs- son los órganos de participación yrepresentación de nivel comunitario.
[3] “Atentan contra procesos de acercamiento entre resistencia pacifica de Barillas y autoridades gubernamentales”, 10 de junio 2013, http://comunitariapress.blogspot.mx/2013/06/atentan-contra-procesos-de-acercamiento.html
[4] La PNC salió de Barillas tras los hechos ocurridos cuando “aparentemente miembros de la Policía Nacional Civil a bordo de vehículos particulares, detuvieron a dos personas que pertenecen a la Sociedad Civil de Barillas” y horas más tarde la comisaría fue asaltada “Capturas, agresiones y represión policial en contra los pueblos de San Mateo y Barillas en Huehuetenango” http://comunitariapress.blogspot.mx/2013/05/capturas-agresiones-y-represion.html 
[5]Mesa nacional de dialogo, pretende confundir y dividir el posicionamiento politico del pueblo de Barillas con engaños”, Asamblea de pueblos de Huehuetango -ADH-, Huehuetenango, junio 12 de 2013
[6] Barillas busca solución a conflicto” Prensa Libre, 12 junio 2012, http://www.prensalibre.com /huehuetenango/Barillas-busca-solucion-conflicto

viernes, 22 de febrero de 2013

En Santa Cruz Barillas hubo detenciones ilegales y violación de los derechos humanos


Por la Redacción de Prensa Comunitaria – CMI Guatemala.



El Procurador de Derechos Humanos, Jorge De León Duque, emitió el día viernes 22 de febrero 2013, una solicitud para que la Supervisión de Tribunales inicie un proceso de investigación administrativa a cuatro jueces, informa el diario Siglo 21.

Los jueces tachados por “Violación de los derechos humanos” son Anthony Pivaral de León, del Juzgado de Paz de Santa Cruz Barillas; Hugo Tun, de Santa Eulalia; Erick García Alvarado, juez de Paz Penal de turno de la capital, y Adrián Rodríguez Arana, juez séptimo de Instancia Penal.

El Procurador solicita esta investigación por las violaciones de derechos humanos cometidos en contra de nueve líderes comunitarios de Santa Cruz Barillas, con su detención ilegal ocurridas el día 2 de mayo del año 2012.

Detenciones ilegales 


Ese día 2 de mayo de 2012, un grupo de personas civiles pertenecientes a familias de la cabecera municipal de Santa Cruz Barillas, capturaron ilegal y arbitrariamente a Diego Juan Sebastian, Andrés León Andrés Juan, Joel Gaspar Mateo, Ventura Juan, Antonio Rogelio Velazquez López, Saúl Aurelio Méndez Muñoz, Pedro Vicente Núñez Bautista, Amado Pedro Miguel y Marcos Mateo Miguel, algunos de los detenidos y líderes comunitarios llevaban más de cinco años de lucha pacífica en defensa del agua, oponiéndose a las actividades de la empresa española Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz.

Posterior a la detención ilegal, las personas civiles llevaron a los líderes comunitarios a las autoridades, involucrándose entonces agentes de la Policía Nacional Civil, ejército y el Juzgado de Paz de Santa Cruz Barillas; quienes permitieron la violación de los derechos constitucionales y el debido proceso de justicia de los líderes comunitarios. Según Alberto Brunori, representante en Guatemala de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos las detenciones efectuadas el 2 de mayo fueron ilegales según los estándares internacionales.[1] Y también dijo “A los particulares no les es permitido hacer detenciones fuera de casos de flagrancia ni siquiera en Estados de Sitio”

En el trayecto, en la carretera les toman fotografías que fueron publicadas el día tres de mayo en Prensa Libre, también les fotografían en la base militar y en la comisaría de la policía. Según el artículo 13 de la Constitución “las autoridades policiales no podrán presentar de oficio, ante los medios de comunicación social, a ninguna persona que previamente no haya sido indagada por tribunal competente.”

Después de varias irregularidades fueron trasladados al Centro Preventivo de la zona 18 de la capital, sin haberles comunicado las razones de su detención ni ser escuchados por un juez. 

Ningún particular debe detener fuera de casos de flagrancia a nadie, además fueron detenidos y llevados al destacamento militar antes de la publicación oficial del Estado de Sitio[2]. Además de que los medios de investigación presentados por el Ministerio Público estuvieron viciados por haber nacido con posterioridad a la detención ilegal[3]

El Procurador de Derechos Humanos también constata cómo transcurrieron 16 días para que un Tribunal en la ciudad capital les tomara la primera declaración, además fueron violentados sus derechos constitucionales según los artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10, también según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Después de más de ocho meses de detención injusta e ilegal, los líderes comunitarios fueron liberados porque el Ministerio Público no pudo comprobar la participación de ninguno de ellos en los hechos y delitos de los que se les acusó que fueron: atentado, asociaciones ilícitas, robo agravado, plagio o secuestro, detención ilegal, allanamiento con agravación específica coacción y terrorismo, instigación a delinquir y desorden público.

Las declaraciones de los testigos que reconocen a los detenidos como responsables de los hechos, nacen a partir de las publicaciones de prensa del día 3 de mayo del 2012[4]


Varios informes de organismos internacionales y de organizaciones de derechos humanos documentan la injusticia de estas detenciones y las violaciones de la justicia y de los derechos humanos en los que han incurrido las autoridades gubernamentales y jueces así como la empresa española Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz. 


Violación de los Derechos Humanos y del debido proceso a la justicia


Para Jorge De León Duque, Procurador de los Derechos Humanos, este hecho es una clara violación de los derechos humanos de estas personas y la violación del debido proceso a la justicia. Esta es la razón para emitir una sanción moral a los jueces Anthony Pivaral de León, del Juzgado de Paz de Santa Cruz Barillas; Hugo Tun, de Santa Eulalia; Erick García Alvarado, juez de Paz Penal de turno de la capital, y Adrián Rodríguez Arana, juez séptimo de Instancia Penal.

La PDH con ésta solicitud establece una tacha en contra de estos cuatro jueces por “Violación de los Derechos Humanos”, ya que cada uno de ellos cometió reiteradas violaciones durante el momento que tuvieron en sus manos la posibilidad de aplicar la justicia con los casos de los 9 líderes de Barillas.

Esta resolución es un antecedente importante para poner atención en la aplicación de la justicia en Guatemala, pues evidencia cómo las autoridades judiciales han caído en prácticas ilegales en la criminalización de la lucha social como la mantenida en Barillas. Las personas que sufrieron todos estos abusos y acusaciones injustas por parte del gobierno y medios de comunicación merecen justicia y un resarcimiento simbólico, económico y político por parte del Estado de Guatemala.

Es imprescindible que las autoridades del Organismo Judicial revisen las órdenes de captura aun vigentes contra 22 líderes de Santa Cruz Barillas, perseguidos también injustamente por su oposición a las actividades de Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz y que se avance en el juicio a los presuntos responsables de la muerte de don Andrés Pedro Miguel; y que la sociedad en su conjunto continúe vigilando para que no se repitan las violaciones a los derechos humanos detectadas en este caso.





[1] El Periódico. 19 mayo 2012.
[2] Informe de Verificación Estado de Sitio Santa Cruz Barillas, Convergencia por los Derechos Humanos.

[3] Amparo interpuesto por la Defensa de los detenidos en contra del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, en la sala tercera de apelaciones del Ramo Penal”

[4] Ibíd. 




Vea las declaraciones del Procurador de Derechos Humanos de Guatemala sobre las violaciones a los derechos humanos y el debido proceso en contra de los Presos Políticos de Santa Cruz Barillas: