El panadero valiente, una empresa española y la justicia

Por Quimy De León y Sacul Che 

Pablo Antonio Pablo Pablo es maya q´anjob´al, panadero, agricultor y defensor del agua. Sufrió un atentado armado el 1 de mayo de 2012, perpetrado por trabajadores de la empresa española Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz S.A. Resultado de éste hecho quedó gravemente herido junto a Esteban Bernabé Mateo y fue asesinado Andrés Pedro Miguel. 

Pablo es un luchador social, desde hace seis años es parte de la junta directiva del comité de agua conformado por cinco comunidades de Santa Cruz Barillas. También ha sido nombrado como directivo en el Consejo Comunitario de Desarrollo. Desde 1985 es anciano en la iglesia evangélica Jesús Salva y miembro del Consejo Local de esta iglesia, en donde hace trabajo de servicio comunitario. Aprendió a leer y escribir ya siendo un adulto. 

Su casa está ubicada en la comunidad Recreo B. Para llegar desde la cabecera municipal de Barillas, se debe caminar más o menos durante 45 minutos por una carretera comunitaria de terracería y luego por el bosque, desde donde se observa el cerro Chivalch'en y otras montañas silenciosas que protegen este territorio. 

Después de subir un camino, se ve una casa amplia, su familia es numerosa: a sus 60 años tiene cinco hijas, tres hijos y veinte nietos. Desde lejos empieza a sentirse el olor a pan recién horneado, hecho por Pablo y sus hijos. Hacer pan para él es más un servicio a la comunidad que un negocio, pues lo que sale de la venta, no le alcanzaría para subsistir. 

En esta casa vive con su esposa y su familia  en un terreno de su propiedad, en él siembra café y maíz. Al lado están las cataratas del río Q´anb´alam, donde ahora se encuentra la empresa Hidro Santa Cruz que pretende construir una hidroeléctrica. En el año 2007, a través de la Consulta Comunitaria de Buena Fe, Pablo expresó junto a miles de personas en su municipio su No a la explotación minera y los recursos naturales[1]. 

Era más o menos el año 2008, cuando Pablo fue visitado por un señor que ofreció comprar su terreno. Él se negó. Meses después fué citado por el Ministerio Público de Santa Eulalia, y se enteró que había una denuncia judicial puesta en su contra por parte de la empresa española junto a seis personas más. Después de varias citas la denuncia fue retirada. 

Días antes del primero de mayo de 2012, Pablo recibió sin ninguna razón amenazas en persona y por vía telefónica. Simplemente él ejerció su derecho, como cualquier ciudadano a expresarse, organizarse y oponerse a vender su terreno, como bien lo expresa él: "no tengo delito“. Pero para las empresas y el Estado, este tipo de posturas llenas de dignidad son una amenaza. Gente como Pablo atenta en contra de los intereses económicos de los grupos de poder que están acostumbrados a despojar y explotar a su antojo por siglos. 

Primero de mayo: Después de una conferencia evangélica 

La feria titular de Barillas empieza el treinta de abril de cada año. Desde hace más de cinco años, como  era muy largo el desfile se dividió en dos días: el treinta desfilan los más chiquitos, los cantones cercanos; y el uno de mayo es el desfile más grande, de las escuelas nacionales, privados, institutos, colegios diversificados y otros. Inicia desde las siete y media de la mañana hasta finalizar en el estadio municipal aproximadamente a las once de la mañana. Tradicionalmente, la gente se concentra el día uno de mayo en el casco urbano viendo el desfile. Así se inicia la fiesta o feria titular. 

También hay actividades religiosas y sociales, cada persona asiste a los eventos de acuerdo a su forma de pensar. Pablo había acudido a una conferencia por el aniversario de su iglesia “Jesús Salva“ ubicada en el centro de la cabecera municipal. Estaban programadas varias actividades que durarían cuatro días. Asistió a la jornada de la mañana, regresó a su casa para almorzar y sus planes eran volver por la tarde, pues estas actividades eran para todo el día. 

Por ser día de fiesta, mucha gente iba y venía caminando de las comunidades a la cabecera ese mediodía. Algunas volvían a su casa a almorzar después de estar en el desfile, otras sencillamente venían de trabajar. Pablo Antonio Pablo se encontró con varios vecinos en el camino de terracería que conduce al lugar denominado Poza Verde. Entre ellos, Andrés Pedro Miguel y Esteban Bernabé, quienes venían detrás de el. 

Camino a la Poza Verde vio estacionado un pick up de color gris de cuatro puertas, mazda modelo reciente[2] conocido por la población, pues era utilizado por trabajadores de la empresa Hidro Santa Cruz. 

Minutos más adelante vio venir desde donde está ubicada la empresa a dos trabajadores: “uno bajo“ -quien es ahora identificado como Ricardo Arturo García López- y “un alto“ -quien ahora es identificado como Oscar Armando Ortiz Solares-. Pasaron a su lado y a poca distancia de los comunitarios sin mediar palabras, “el más joven“ -Ricardo García- empezó a disparar, matando a Andrés Pedro Miguel, hiriendo gravemente a Esteban Bernabé Mateo y al mismo Pablo, a quien los disparos le dieron en el brazo y en el lado izquierdo de la cara, perforándole la nariz. Los vecinos sobre estos hechos “dieron aviso a los bomberos, a la policía y al ejército.[3]“

Cuando Pablo vio que le empezaron a disparar y sintió en su cuerpo el impacto de las balas, cayó al suelo y como pudo se tiro al río Q´anb´alam -el mismo donde jugaba y se bañaba de niño- para salvar su vida. 

Al caer al agua, después de unos minutos se empezó a ahogar, al levantarse se dio cuenta que tenía sangre: su brazo estaba herido y su nariz perforada por un disparo. Salió del lugar hacia la carretera y se percató que Andrés Pedro Miguel estaba tirado en la orilla de la carretera y Esteban Bernabé sentado y herido en la mano. Cuando empezaron a llegar los vecinos al lugar para auxiliarlos, él pierde la noción del tiempo y del espacio: lo llevan a la clínica Bethesda, por su estado de gravedad fue referido y trasladado en una ambulancia a un hospital privado en Quetzaltenango. 

Pablo fue sometido a varias operaciones en la cara y en el brazo, en donde le colocaron fijadores externos de metal o clavos, que tuvo durante varios meses. Aunque ya está en recuperación hasta la fecha tiene dificultades para usar su mano y trabajar, aún continúa en tratamiento y está pendiente de una operación. 

Pablo está esperando justicia por el crímen cometido en su contra junto a Andrés Pedro Miguel, Esteban Bernabé Mateo. El resultado será una contribución para el “esclarecimiento de la verdad y de los hechos que sucedieron[4]."

Ricardo Arturo García López- y Oscar Armando Ortiz Solares, los responsables de este atentado, están presos. El Ministerio Público el 27 de mayo de 2012, a través del fiscal general en funciones Jorge Alberto Molina afirmó que los dos eran trabajadores de seguridad de la empresa Ecoener Hidralia Energía / Hidro Santa Cruz y que se “investigará si de parte de la hidroeléctrica se pudo haber dado la orden o los guardias actuaron por su cuenta.[5]” 

A pesar de las evidencias, la empresa desmintió publicamente que los detenidos fueran sus trabajadores. La Pastoral de Huehuetenango, en una carta pública dijo que para que haya justicia se debe “proteger a los heridos y castigar a los culpables“, ya que el gobierno había actuado “a favor de la seguridad de una empresa privada extranjera.“ 

"Gracias a Dios estoy vivo"

En estos días se está llevando a cabo el juicio oral en contra de los dos acusados. De ahí debe salir una sentencia. Pablo Antonio espera justicia, piensa que haber sobrevivido es porque “mi tata Dios me dio más vida.“ 

Ésta es la realidad de muchas personas que se niegan a aceptar la imposición de un modelo de sociedad que pone por encima de todo el dinero y la ganancia. 

Parece que defender y reclamar legitimamente el derecho a la vida se está convirtiendo en sinónimo de perderla en manos de empresas nacionales y transnacionales con el apoyo de los gobiernos, quienes hacen evidente que sirven solamente a los intereses del poder económico.

Cuando las manos de Pablo estén llenas de certezas de que la justicia también es para los pueblos, entonces podrá contento volver a amasar pan y compartirlo con la gente de Barillas. 

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[1] Esta consulta fue hecha en contra de la explotación minera y los recursos naturales, según consta en actas comunitarias.

[2] Un grupo de vecinos denunció este hecho a la estación de la policía pidiendo apoyo por el ataque que habían sufrido los comunitarios

[3] Carta pastoral de la diócesis de Huehuetenango. 11 de mayo de 2012, Huehuetenango.

[4] Carta pastoral de la diócesis de Huehuetenango. 11 de mayo de 2012, Huehuetenango.

[5] Capturan a responsables de muerte de campesino. 27 de mayo de 2012. Siglo XXI.

Vidas indígenas, se las lleva el modelo

JESÚS GONZÁLEZ PAZOS | MUGARIK GABE

Recientemente se celebró en Neuquén, territorio mapuche en Argentina, un encuentro internacional sobre estrategias indígenas para la defensa de sus derechos. Al mismo acudían organizaciones de diferentes países del continente americano a fin de compartir problemas y avances en sus respectivas luchas, así como dialogar sobre las posibilidades de fortalecer la coordinación. Esto último, desde la constatación de la coincidencia de las violaciones de derechos que sufren, especialmente las referidas a sus territorios y a la entrada en los mismos de las transnacionales extractivas, con el beneplácito de los respectivos gobiernos.

Un cartel que presidió una de las primeras sesiones de este encuentro tenía como título el de este mismo texto, salvo por el tiempo verbal: «Vidas indígenas, se las llevó el modelo». Mostraba fotografías de las personas indígenas muertas en estos últimos cuatro años en Argentina como resultado de la represión policial y otros ataques similares contra estos pueblos. Continuaba el escrito del cartel señalando además que se podría hablar de miles de «hermanos y hermanas» que hoy todavía mueren por enfermedades como la pobreza impuesta a muchas comunidades, la malaria o la tuberculosis. Pero también de los miles, no contabilizados por ninguna estadística oficial, que mueren a causa del glifosato con el que se fumiga los inmensos campos de soja en que países como Paraguay o la propia Argentina convierten miles de hectáreas de territorios indígenas tras favorecer la expulsión de sus habitantes originarios o, simplemente, arrinconarlos en mínimos espacios que acotan sus posibilidades de sobrevivencia. Mismo caso y situación creada para otras miles de muertes y personas enfermas por el cianuro de la megaminería o los metales pesados derivados de la explotación descontrolada de los hidrocarburos y que, en ambos casos, contaminan de forma intensa las tierras y las aguas.

Ahí está el caso de la empresa Chevron-Texaco que ha sido condenada por los tribunales a pagar una indemnización multimillonaria a los pueblos cofán, siona y criollo (más de 30.000 personas) de la Amazonía ecuatoriana por la criminal contaminación allí dejada tras años de explotación hidrocarburífera. Por supuesto, esta transnacional petrolera se niega a pagar y busca todos los subterfugios posibles, con la cobertura de muchas leyes internacionales favorables a este tipo de empresas, así como sus presiones políticas, para no responder a sus responsabilidades. Por cierto, hoy está negociando su entrada en Argentina y, entre otros, en los territorios mapuches que dejó Repsol y en los que las denuncias y exigencia de responsabilidades por parte de este pueblo también fueron continuas.

Y a todas esas muertes reales se le suman aquellas otras derivadas de las actuaciones de la fuerza pública, ya sean policías, ejércitos o grupos armados, en la gran mayoría de los casos para la defensa de los intereses económicos de las transnacionales o empresarios y terratenientes locales. Y esta situación se da de forma cada día más evidente y abierta, aunque invisibilizada en la mayoría de los casos por los grandes medios de comunicación, ya hablemos nuevamente de Argentina o de otros países como Colombia o Guatemala.

En suma, casos que vuelven a poner sobre la mesa la existencia continuada, reiterada y cada vez más agresiva de una constante violación de los derechos individuales y colectivos que a estos pueblos corresponden, en simple y justa igualdad con el resto de pueblos del planeta. Pero los intereses y búsqueda obsesiva y desenfrenada de beneficios económicos por parte de estos sectores, que caracterizan al modelo dominante neoliberal, no entienden de verdaderos derechos humanos. La única salvedad se opera cuando hablar de estos les reporta una posible mejor situación (un ejemplo es el debate abierto en Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, copado y controlado por estos agentes económicos) en esa loca carrera por la explotación sin control de los recursos naturales (también de los humanos) y, como ya se ha indicado, la obtención de enormes beneficios económicos. Con este último objetivo se imponen continuamente medidas políticas y económicas, además de comerciales, que dejan de lado los derechos humanos de hombres, mujeres y pueblos.

Sin embargo y a pesar de toda esta situación, y de la cierta desaparición del discurso oficial de las agendas locales y/o internacionales de estos derechos (la crisis descubre hipocresías y evidencia lo vacío de muchos discursos antes abundantes y hoy demostrados como meramente retóricos en esta cuestión), los avances y resultados de la lucha indígena son evidentes e inocultables. Así, se puede afirmar que el paso que supone haber posicionado la situación de los pueblos indígenas en la agenda pública es un paso firmemente dado, importante e incluso ya sobrepasado en algunos aspectos, aunque resta todavía por caminar en esta dirección. En algunos casos para bien, como son los avances en los reconocimientos legales de esos derechos; en muchos otros casos, y como ya hemos visto, para mal, por la continua violación de los mismos. Pero, de una u otra forma, es un debate posicionado en las agendas políticas.

Pero por lo expuesto anteriormente al mismo tiempo se puede afirmar que falta alcanzar, entre otros, ese mismo posicio- namiento también y de manera evidente en las agendas de la justicia, para que esta responda de forma verdadera a los derechos de los pueblos indígenas. Lo anterior, tal y como se reconoce en tratados y convenios internacionales, así como en muchas constituciones y sus consiguientes desarrollos legislativos y jurídicos. Es evidente, pero hay que volver a denunciarlo para subrayarlo. Muchas de las actuaciones de la justicia, incluyendo el incumplimiento flagrante de un número amplio de sentencias, acuerdos o jurisprudencias, responden igualmente a la mayor preocupación de esta por la defensa de los intereses económicos de terratenientes, empresarios y transnacionales, así como a los poderes políticos que dan cobertura a estas actuaciones.

Se podría pensar que toda esta situación responde solo a lo hasta ahora descrito, es decir, a los intereses puestos en la riqueza de los recursos naturales que guardan muchos territorios indígenas. Y sin embargo, siendo así, hay además otras razones más profundas y pretendidamente invisibilizadas pero definitorias igualmente de estas acciones contra los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Hoy estos pueblos demuestran en todo el mundo su capacidad de sobrevivencia y su dignidad como tales. Pero también muestran, como sujetos políticos, sus alternativas al modelo dominante neoliberal ya hablemos en el orden económico, como en el político, social y cultural. Plantean propuestas y elementos teóricos, pero también prácticos, viables para otros modelos más justos, equitativos y respetuosos entre personas, pueblos y, de ambos, con el planeta que nos sustenta. Alternativas que se dirigen igualmente hacia el resto de la población no indígena, validándose hacia otros grupos y actores sociales. Así, se operan propuestas como las que encierra el paradigma del Buen Vivir como propuesta política y de vida, la construcción de verdaderos estados plurinacionales respetuosos de los derechos de los pueblos, la posibilidad de articular y estructurar otras economías plurales que no tengan como único eje central la propiedad privada y el beneficio a cualquier precio, o la recuperación del estado y del poder político de su responsabilidad ante sus sociedades y de control del poder económico y del mercado.

Por eso hoy nuevamente, las propuestas indígenas económicas, sociales y políticas, planteadas y asumidas en cada vez mayor medida por otros sectores, lo que facilita y empuja hacia el establecimiento de alianzas con gran capacidad de incidencia y movilización política, se encuentran en medio del camino de los intereses del capital internacional. Los poderes económicos, con la cobertura de muchos gobiernos, avanzan nuevamente en los territorios indígenas, como una nueva fase de un inacabado y continuo proceso de conquista y colonización, con la imposición sistemática de megaproyectos y expolio de los recursos naturales. De esta forma, los avances adelantados en derechos, ya hablemos de legislaciones nacionales o de los conseguidos en los espacios internacionales, se retrotraen por la constante violación de los mismos por parte de las transnacionales, la cobertura a las mismas de los gobiernos y la inefectividad de las sentencias judiciales y de las transformaciones políticas que no llegan, en la mayoría de los casos, a alcanzar realmente a estos espacios y pueblos.

Por todo lo anterior, sigue siendo urgente que se reconozcan plenamente y se ejerzan sin restricción la totalidad de los derechos para que la defensa del territorio, del autogobierno efectivo, de la totalidad en suma de los derechos que corresponden a los pueblos indígenas no sigan siendo motivo de muerte y destrucción física y cultural por parte de los poderes económicos, con la cobertura de demasiados poderes políticos.

Publicado en: Gara / 2013 julio 09

http://gara.naiz.info/paperezkoa/20130709/412303/es/Vidas-indigenas-lleva-modelo

Conflictividad en comunidades Qeqchis en Tactic Alta Verapaz

Testimonio de una lideresa comunitaria 27 de febrero 2013 

 El 25 de noviembre del 2011, 24 familias de excolonos de la finca La Cumbre Sacuxjá, en Tactic, decidieron ocupar un parte de sus tierras que no se utilizaban. Acudieron a la Secretaría de Asuntos Agrarios, pero los supuestos dueños nunca se presentaron. Ahora hace casi dos semanas, éstos aparecieron con un grupo de campesinos, invadiendo, agrediendo y amenazando. Cuando los campesinos acudieron al juzgado y la PDH para denunciar a agresión, fueron recibidos con actitudes de desprecio y más intimidación. Reproducimos el testimonio de una lideresa de la comunidad, que contó a Prensa Comunitaria qué es lo que sucedió:

Empresa genera una agresión más en San Juan Sacatepéquez

Prensa Comunitaria - CMI

Los vecinos de San Antonio las Trojes, una de las 12 comunidades de San Juan Sacatepequez que se oponen a la instalación  de la planta de Cementos Progreso en su territorio, sufrieron hoy una agresión más por parte de los trabajadores de la empresa. Esta vez, además resultó agredido y amenazado Daniel Pascual, líder del CUC y Waqib Kej

Esta vez los problemas comenzaron ayer día miercoles 23 de enero de 2013, cuando a la una de la tarde, llegaron 2 camiones y 3 pickups de la empresa Cementos Progreso a su comunidad para construir un pozo que la comunidad . Venían acompañados de entre 40 y 50 personas armadas con machetes. 

Hoy 24 de enero, varios líderes comunitarios fueron a la cabecera para mantener una reunión con autoridades municipales en la que aclarar los hechos que sucedieron el día de ayer y buscar una solución. Sin embargo las autoridades municipales se rehusaron a atender las demandas de los comunitarios, diciendo que el proyecto no es de su competencia sino de la gobernación departamental.

Al regreso, a unos 200 metros de la entrada de la comunidad, acompañados de Daniel Pascual y dos miembros de Brigadas de Paz Internacionales, sobre la una y media de la tarde; fueron emboscados por unos 20  trabajadores de Cementos Progreso. Cerraron el camino con árboles, les obligaron a bajar del vehìculo y les increparon de forma violenta. Daniel Pascual recibiò amenazas de muerte y un machetazo que por suerte impactó en el vehículo.

Todos estos hechos seràn denunciados a las autoridades pertinentes, apoyados en la evidencia documental que muestra que los agresores son trabajadores de Cementos Progreso.

Mientras, los comunitarios mantendrán su resistencia pacífica, esperando que la maquinaria y los empleados de la empresa cementos progreso se retiren de San Antonio Las Trojes.

La comunidad de Las Trojes, es una de las doce comunidades que desde finales de 2006 han mantenido una resistencia pacífica para que la empresa Cementos Progreso no instale una fábrica de cemento, que afectaría a sus comunidades.

El Relator de Pueblos Indígenas de la ONU, James Anaya, manifestò en su momento al Gobierno de Guatemala y a la empresa Cementos Progreso su recomendación de evitar la construcción de una fábrica cementera y que no se efectúen actividades de extracción de materiales de construcción en San Juan Sacatepéquez. Pese a ello, las obras continúan y las provocaciones también, de una forma que no deben quedar impunes.

Hacemos un llamado para estar alertas a lo que ocurre, esta es una agresión más de las empresas y la indiferencia y falta de intervención de las autoridades gubernamentales ante la solicitud de las comunidades para que resuelvan la conflictividad que generan éstas empresas.

Con informacion de la Comision de Derechos Humanos de Guatemala en Washington, de Daniel Pascual y de un vecino de San Antonio Las Trojes. 

Comunitario de San Juan Sacatepequez denunció: "Estamos recibiendo amenazas de trabajadores de Cementos Progreso...  ya no les dejaron entrar a la comunidad, las personas van bien armadas con machetes, hasta un carro fue golpeado, el carro de un dirigente, pues realmente el pozo se esta entrometiendo ahí ilegalmente por que la comunidad no tiene ninguna información al respecto porque esta impulsado por Cementos Progreso...".  


Testimonio de Daniel Pascual coordinador del Comite de Unidad Campesina CUC: 

"Desde el inicio nos comenzaron a agredir verbalmente, comenzaron a agredir a las de brigadas internacionales de paz que estaban en el area acompañando y después a los comunicadores de Waqib' Kej y Cuc, también estuvieron agrediendo y amenazando, la sorpresa es que cuando nosotros estábamos intentando retirarnos, ellos bloquearon el paso a varios metros como a 100 metros de donde esta el conflicto. Se acercaron mas o menos 15 hombres armados con machetes..." Daniel Pascual.